El gobierno de Perú ha dado un golpe de timón en su política minera al excluir a 50,565 mineros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), argumentando años de inactividad e incumplimiento. La medida ha desatado una ola de protestas que amenaza con paralizar regiones clave del país.
Una decisión administrativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha encendido la pradera en uno de los sectores más volátiles y complejos de la economía peruana: la minería a pequeña escala y artesanal. La exclusión masiva de más de 50,000 personas del REINFO, el padrón que les otorga un amparo legal para operar mientras buscan la formalización, ha sido recibida como una declaración de guerra por los gremios mineros, que han respondido con bloqueos de carreteras y la amenaza de «sitiar Lima».
La Justificación del Gobierno: Un «Sinceramiento» Necesario
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ha defendido la medida como un «sinceramiento» del padrón, necesario para ordenar un proceso que se había desvirtuado. Según el gobierno, la gran mayoría de los excluidos no cumplía con los requisitos básicos para permanecer en el registro. Las razones principales son:
- Inactividad prolongada: Más de 45,000 de los registros excluidos (cerca del 90%) no reportaban actividad minera desde hace más de cuatro años. El gobierno sostiene que estas personas no han perdido su trabajo, sino que probablemente utilizan el registro como un activo para otros fines ilegales.
- Incumplimiento de requisitos: Los mineros excluidos no habían presentado la documentación necesaria para mantenerse vigentes, como el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAFOM), un requisito clave para asegurar que su actividad no genere un impacto grave en el medio ambiente.
El gobierno ha otorgado un plazo de 15 días calendario para que los mineros afectados presenten recursos de reconsideración o apelación, tras lo cual la exclusión quedará firme. Tras esta depuración, solo 31,560 registros continúan en el proceso de formalización, que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025.
La Respuesta de los Mineros: Bloqueos y Crisis Social
La reacción de los gremios mineros no se ha hecho esperar. Sintiéndose expulsados del sistema y criminalizados, han optado por medidas de fuerza drásticas. Se han reportado bloqueos en al menos seis carreteras clave del país, incluyendo tramos de la Panamericana Sur y Norte en regiones como Arequipa e Ica.
Estas protestas están generando graves consecuencias para la población y la economía:
- Desabastecimiento: Más de 5 millones de personas se ven afectadas por la escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que ha llevado a que más de un millón de familias recurran a fuentes de energía peligrosas como leña o carbón.
- Parálisis del Transporte: Cientos de camiones con mercancías y autobuses con pasajeros, incluyendo niños y ancianos, han quedado varados durante días, creando una crisis humanitaria en las carreteras.
- Impacto Económico: El transporte de productos de primera necesidad y de exportación se ha visto severamente afectado, generando pérdidas millonarias.
«Hay una ley imposible de cumplir», declaró el congresista Jorge Montoya, criticando que el marco legal actual no ofrece una vía realista para la formalización y es el verdadero origen del conflicto.
Un Problema de Fondo: La Formalización Fallida
Más allá de la coyuntura, este conflicto expone el fracaso del proceso de formalización minera en Perú, que lleva más de una década sin resultados significativos. Expertos y algunos políticos señalan que el problema es estructural.
Uno de los principales obstáculos es la necesidad de firmar contratos de explotación con los titulares de las concesiones mineras, quienes a menudo se niegan a hacerlo, dejando a los pequeños mineros en un limbo legal. De los más de 85,000 inscritos originalmente en el REINFO, solo unos 20,000 tenían procesos activos antes de la depuración, mientras que más de 60,000 estaban suspendidos.
El gobierno insiste en que la formalización es la única respuesta a la minería ilegal, que representa una amenaza no solo ambiental, sino también de seguridad, con actividades criminales asociadas como la extorsión y el uso de explosivos. Sin embargo, mientras no exista una ruta de formalización viable y realista, el conflicto entre la legalidad, la necesidad económica y la paz social parece destinado a continuar.
