El consumo y producción de cocaína alcanzan un auge mundial sin precedentes, con América Latina como epicentro. Este fenómeno ha desatado una consecuencia más peligrosa: la infiltración sistemática del crimen organizado en las instituciones estatales, alterando la democracia.
El panorama de la seguridad en América Latina enfrenta una de sus amenazas más complejas y extendidas. Investigaciones y reportes de organismos internacionales confirman que la producción y el consumo de cocaína han aumentado de manera significativa a nivel global, casi duplicando la superficie de cultivo en la región durante la última década. Sin embargo, el verdadero peligro no reside únicamente en el volumen de la droga, sino en la metástasis de las organizaciones criminales dentro de las estructuras de poder, un cáncer silencioso que corroe la gobernabilidad y la estabilidad democrática desde adentro.
La tormenta perfecta: ¿Por qué ahora?
Expertos señalan que una confluencia de factores ha creado un entorno ideal para la expansión del crimen organizado. Paradójicamente, eventos como el acuerdo de paz en Colombia, si bien históricos, generaron un «punto de inflexión». Al desmovilizar a un actor armado hegemónico, se crearon vacíos de poder en territorios previamente controlados, lo que permitió que nuevos grupos y disidencias compitieran por el control de las economías ilícitas, incluyendo los cultivos de coca.
Este fenómeno se ve agravado por una debilidad estructural presente en varias naciones: el fracaso del Estado para garantizar derechos y servicios básicos. En vastas zonas de la región, la ausencia de oportunidades, seguridad y justicia ha sido el caldo de cultivo perfecto. Como señala un análisis de Deutsche Welle, «cuando el Estado falla en garantizar los derechos humanos fundamentales, eso alimenta a la delincuencia organizada». En este vacío, los grupos criminales no solo actúan como traficantes, sino que se erigen como proveedores de «orden», empleo y una forma de supervivencia para poblaciones abandonadas, compitiendo directamente con el Estado por la legitimidad y el control social.
El ‘Caballo de Troya’: Financiamiento de campañas y corrupción
La estrategia de infiltración más efectiva del crimen organizado ha sido el financiamiento de campañas electorales, descrito por analistas como su principal «caballo de Troya» para penetrar la política. Al apoyar a candidatos a nivel local, regional y nacional, los cárteles aseguran protección, impunidad y la capacidad de influir en la toma de decisiones. Estos grupos explotan redes preexistentes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias para consolidar su poder.
El resultado es la instauración de una «gobernanza criminal», un sistema donde los cárteles ejercen un control territorial y social efectivo. Según el Índice Global de Crimen Organizado, este fenómeno afecta a entre 70 y 100 millones de personas en América Latina, con grupos criminales controlando al menos el 5% del territorio en todos los países de la región, llegando hasta un 25% en el caso de Brasil. La corrupción, alimentada por el dinero del narcotráfico, corroe las instituciones desde la policía y el sistema judicial hasta los más altos niveles políticos, creando «zonas fallidas dentro del Estado».
«El objetivo del crimen organizado sigue…source y explotando redes privadas de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.” – Iván Briscoe, Director de Política de International Crisis Group.
Los gigantes del crimen: De México a Brasil
La amenaza no es monolítica. Diversas organizaciones transnacionales dominan el panorama, expandiendo sus operaciones a través de un modelo de «subcontratación criminal» con bandas locales. Entre los actores más poderosos se encuentran:
* Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México: Con una presencia expansiva desde Centroamérica hasta Ecuador, donde su rivalidad ha desatado niveles de violencia sin precedentes.
* Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil: Considerado uno de los grupos más fuertes y transnacionalizados, ha extendido su influencia a países vecinos como Bolivia y Paraguay.
* Tren de Aragua de Venezuela: A pesar de ser más reciente, ha logrado una rápida y violenta expansión por varios países de Sudamérica.
Esta expansión ha tenido consecuencias devastadoras, transformando a países que históricamente se consideraban seguros. Costa Rica, por ejemplo, ha visto un aumento dramático en la violencia al convertirse en un nodo logístico clave para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, disputando el primer lugar con México en esta ruta.
La realidad es ineludible: el auge de la cocaína ha financiado la consolidación de un poder paralelo que desafía la soberanía de los Estados. La lucha ya no es solo contra el narcotráfico, sino por la supervivencia de la gobernabilidad democrática en América Latina. La pregunta que queda para los ciudadanos es qué nivel de integridad y acción se debe exigir a los gobiernos para enfrentar una amenaza que ya no está a las puertas, sino dentro de casa.
