EE. UU. restringe viajes a Venezuela y Cuba

El impacto de las nuevas restricciones de viaje de EE. UU. a Venezuela y Cuba y sus implicaciones para la región.

Estados Unidos ha implementado nuevas restricciones de viaje para ciudadanos de Venezuela y Cuba, citando preocupaciones de seguridad nacional y tasas de permanencia ilegal de visados, una medida que profundiza la tensión diplomática y afecta la movilidad regional.

Contexto de la decisión

El 5 de junio de 2025, el presidente Donald Trump firmó una proclamación ejecutiva que prohíbe o limita la entrada a Estados Unidos para ciudadanos de 19 países, incluyendo restricciones parciales para Cuba y Venezuela. La Casa Blanca justificó la medida por «altas tasas de permanencia ilegal de visados» y la «falta de intercambio de información de identidad» de viajeros. Además, se acusa a Cuba y Venezuela de ser «estados patrocinadores del terrorismo» o de fallas en los controles de seguridad. Esta lista de países podría ser revisada para añadir o eliminar naciones según surjan nuevas amenazas globales, lo que indica la naturaleza dinámica de esta política.

Razones detalladas y acusaciones específicas

Para Cuba, la administración estadounidense reiteró la acusación de «no cooperación en deportaciones» y mantuvo la etiqueta de «patrocinador del terrorismo». Se citaron tasas de permanencia ilegal de visados, específicamente del 7.69% para visas B1/B2 y del 18.75% para visas F, M y J, según el «Foreign Overstay Report». La proclamación subraya que estas restricciones son «necesarias para obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros importantes objetivos de política exterior, seguridad nacional y antiterrorismo».

Reacciones y consecuencias regionales

La medida generó reacciones inmediatas. Desde Venezuela, Diosdado Cabello, Ministro del Interior, advirtió que «estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquiera, no solo para los venezolanos», calificando a los gobernantes de EE. UU. de «fascismo» y «supremacistas». Organizaciones humanitarias también alzaron la voz. Amnistía Internacional EE. UU. describió la medida como «discriminatoria, racista y absolutamente cruel», argumentando que «al atacar a las personas por su nacionalidad, esta prohibición solo difunde desinformación y odio».

«Esta política no se trata de seguridad nacional; se trata de sembrar división y vilipendiar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos.» – Abby Maxman, presidenta de Oxfam America.

Impacto en la migración regional

La implementación de estas restricciones de viaje por parte de Estados Unidos se enmarca en una política migratoria más amplia que ha dejado a cientos de miles de personas en un limbo legal y humanitario en la región. Esta política, percibida como una herramienta de presión, tiene el potencial de exacerbar las crisis humanitarias y migratorias existentes. La crisis política y económica en Venezuela, junto con el colapso del Estado en Haití y la violencia en países centroamericanos, sigue impulsando la migración en América Latina. La disminución de fondos de ayuda humanitaria, sumada al endurecimiento de las políticas migratorias, puede afectar especialmente a los grupos vulnerables en México y Centroamérica, lo que sugiere que al cerrar las vías legales, se empuja a las poblaciones a rutas más peligrosas e irregulares.

Perspectivas futuras: Un contraste regional

Mientras las tensiones políticas y migratorias persisten en las relaciones con Estados Unidos, se observa una tendencia pragmática hacia la integración económica dentro de América Latina. El reciente Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico es un ejemplo de esta dirección. Este acuerdo busca fortalecer la seguridad aduanera regional y facilitar el comercio legítimo a través de programas de Operador Económico Autorizado (OEA). Aunque estos bloques han tenido enfoques económicos y políticos distintos, su avance en un acuerdo tan técnico y beneficioso para el comercio indica que, a pesar de las polarizaciones políticas, existe una cooperación económica subyacente basada en intereses comunes. Esto sugiere que, incluso en un entorno de alta fricción diplomática, las estructuras de cooperación comercial pueden seguir avanzando, buscando estabilidad y eficiencia en la cadena de suministro, lo cual es vital para el desarrollo regional.

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