Desmantelan red de militares colombianos que vendía armas a criminales

Desmantelan red de militares colombianos que vendía armas a criminales
Desmantelan red de militares colombianos que vendía armas a criminales

Documentos judiciales indican que miembros del batallón de ingenieros de Valledupar utilizaban su acceso a depósitos de municiones para desviar material de guerra. Uno de los implicados, el soldado Rendón, alias el Viejo o Pinocho, era clave en la trama.

Rendón contactaba a los grupos armados ilegales para vender cartuchos calibre 5.56 a 10.000 pesos cada uno, siguiendo protocolos de mafias: intercambiaban videos de billetes y municiones para garantizar la seriedad del negocio.

Otros militares actuaban como enlaces y facilitadores del transporte de armas, mientras alias el Veterano coordinaba pagos y entregas. La red llegó incluso a operar internacionalmente, con envíos de armas hacia Florida, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.

Operaciones internacionales y contrabando

La red utilizaba rutas marítimas y lancheros en Maicao, Nazareth y Uribia para transportar armamento, incluyendo fusiles Barrett, AK-47, R-15 y pistolas Five Seven, a cambio de cocaína.

Incluso se desviaron armas de la Guardia Bolivariana de Venezuela, aprovechando la modernización de su armamento. Esta sofisticada logística permitió que los criminales mantuvieran un arsenal potente para enfrentamientos territoriales.

Lavado de dinero y financiamiento de la red

Investigaciones financieras descubrieron transferencias sospechosas por más de 2.000 millones de pesos a cuentas del soldado Rendón y sus familiares, incluyendo operaciones de 400 millones de pesos de su suegra en cuatro meses.

Se sospecha que parte de las ganancias del tráfico de armas fue canalizada a través de hoteles, billares y empresas de transporte, un patrón típico de lavado de dinero de grupos criminales como los Ware.

Repercusiones y seguridad nacional

La captura de 23 personas vinculadas a esta red revela la gravedad de la corrupción en el Ejército y plantea interrogantes sobre el control interno del armamento militar. Las autoridades continúan rastreando los flujos de dinero y armamento, mientras el país enfrenta un reto de seguridad sin precedentes en la región Caribe.

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