El gobierno de Milei impulsa la reforma, mientras sectores de la oposición y la Iglesia Católica expresan serias preocupaciones y piden enfoques alternativos.
El Congreso argentino se encuentra en vísperas de un debate legislativo de alta sensibilidad social y jurídica: la propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei para reducir la edad de imputabilidad penal. La iniciativa, que podría llevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 16 años actuales a los 13 o 14 años, ya genera fuertes cruces entre el oficialismo, sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Iglesia Católica.
La discusión sobre la edad de imputabilidad penal ha vuelto al centro de la agenda política argentina. El gobierno nacional, a través de figuras como el ministro de Defensa, Luis Petri, ha manifestado su firme respaldo a la reducción, argumentando la necesidad de ofrecer justicia a las víctimas de delitos violentos cometidos por adolescentes y sosteniendo que los jóvenes a esas edades comprenden la criminalidad de sus actos. Se espera que los diputados aborden el tema en una reunión de comisión en los próximos días para analizar diversas propuestas y unificar un texto.
El Impulso Gubernamental y Casos Emblemáticos
La presión por esta reforma se ha visto intensificada por casos recientes de alta conmoción pública, como la muerte de Kim Gómez, una niña de siete años, durante el robo de un automóvil perpetrado por adolescentes de 14 y 17 años. Estos hechos trágicos suelen alimentar el clamor por medidas más severas contra la delincuencia juvenil.
El oficialismo argumenta que el sistema actual deja a las familias de las víctimas «completamente a la deriva» y niega la «posibilidad de justicia». Aunque inicialmente se habló de bajar la edad a 13 años, algunas versiones indican que el gobierno podría haber consensuado con parte de la oposición establecerla en 14 años.
Voces Críticas y Propuestas Alternativas
Sin embargo, la iniciativa enfrenta una considerable resistencia. Sectores de la oposición, como el diputado de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo, sostienen que antes de debatir la edad de imputabilidad es crucial crear un Sistema Penal Juvenil robusto, reorganizar las instituciones de menores, trabajar en la inserción laboral de los jóvenes y declarar una emergencia en adicciones. Consideran que, sin estas medidas estructurales, la baja de edad es meramente una «medida punitiva sin cambios reales en el sistema».
La Iglesia Católica también ha expresado su preocupación. El obispo de La Rioja, Dante Braida, titular de la Comisión de Pastoral Social, señaló que reducir la edad de imputabilidad no será suficiente porque «poner a un niño en situación de encierro no resolverá el problema de raíz». En su lugar, abogó por «instancias de recuperación y prevención» y por ofrecer «oportunidades» a los jóvenes.
Un Debate con Profundas Implicaciones
La discusión sobre la edad de imputabilidad en Argentina no es nueva, pero resurge en un contexto de «mano dura» contra el delito. Este debate pone de manifiesto una tensión fundamental en la política criminal: el equilibrio entre las demandas de justicia punitiva y la necesidad de enfoques preventivos y rehabilitadores, especialmente cuando se trata de menores de edad.
La eventual aprobación de una ley que reduzca la edad de imputabilidad tendría consecuencias significativas para el sistema de justicia juvenil, con un potencial aumento en las tasas de encarcelamiento de menores. Además, plantearía interrogantes sobre la conformidad de Argentina con las convenciones internacionales sobre los derechos del niño, que abogan por sistemas de justicia especializados y con un enfoque en la reintegración social. La discusión también podría desviar recursos y atención de programas sociales y educativos destinados a prevenir la delincuencia juvenil.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció este 22 de mayo la publicación de las sentencias correspondientes a su acuerdo de ministros del día 21, una actividad judicial de rutina que transcurre en paralelo a estos debates legislativos de gran calado.
| Actor Involucrado | Postura Principal | Argumentos Clave |
| Gobierno (vía Min. Petri) | A favor de bajar la edad (a 13 o 14 años) | Justicia para víctimas, jóvenes entienden criminalidad de actos. |
| Oposición (UxP – D. Arroyo) | En contra sin un sistema penal juvenil integral | Medida punitiva, no ataca causas raíz, se necesita prevención. |
| Iglesia Católica (Mons. Braida) | Preocupación, enfoque en prevención y oportunidades | No es solución penal, se necesitan oportunidades y recuperación, no encierro. |
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