La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado este martes 20 de mayo de 2025 a favor de la administración Trump, permitiéndole proceder con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos. Esta decisión revierte un fallo judicial anterior que mantenía vigentes dichas protecciones, sumiendo en la incertidumbre a una vasta comunidad y anticipando nuevas disputas legales.
La mañana de este martes ha traído consigo una noticia de profundo impacto para la comunidad venezolana en Estados Unidos. En un giro legal significativo, la Corte Suprema ha decidido levantar el bloqueo que un juez federal en San Francisco había impuesto, el cual impedía a la administración del presidente Donald Trump eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos de Venezuela. La medida afecta a unos 350,000 venezolanos que habían encontrado en este estatus un respiro legal para vivir y trabajar en EE.UU. debido a la crisis humanitaria en su país de origen.
La decisión del máximo tribunal no implica una deportación inmediata, pero sí elimina una barrera crucial que protegía a estos inmigrantes, dejándolos en un limbo legal y vulnerables ante futuras acciones migratorias. La administración Trump había argumentado que la designación del TPS para Venezuela iba en contra del «interés nacional» y que la justicia no debía interferir en decisiones de política migratoria consideradas «urgentes».
Reacciones y Temores en la Comunidad Venezolana
La noticia ha caído como un balde de agua fría entre los beneficiarios del TPS y las organizaciones que los defienden. Muchos venezolanos, que huyeron de la compleja situación política y económica de su país, ahora enfrentan el temor de un posible retorno a un lugar que consideran inseguro. «Es una noticia inesperada y por supuesto que cambia todo el rumbo de los planes, te pone en otra perspectiva, ya no tienes la seguridad de estar en los Estados Unidos», compartió un venezolano afectado a medios de comunicación.
José Antonio Colina, fundador de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), calificó el fallo de «inesperado» y expresó la «tristeza y profunda decepción» de la comunidad, especialmente en Florida, donde reside un tercio de los migrantes con TPS en EE.UU., siendo casi el 60% de ellos venezolanos. Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), lo catalogó como «un mensaje desalentador para quienes creyeron en el compromiso de este país con la protección de los más vulnerables».
«Es una decisión terrible (…) parece que es la orden más grande en la historia moderna de los Estados Unidos [en términos de despojar a un grupo de su estatus migratorio].» – Abogado de la Alianza Nacional del TPS.
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La Batalla Legal Continúa
A pesar del revés, abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que este no es el final del camino. Aseguran que aún existen vías legales por recorrer y que el proceso de apelación sobre cómo se les retiró el TPS podría tomar tiempo. Organizaciones como la Alianza Nacional del TPS ya han manifestado su intención de apelar ante la Corte Federal del Distrito, buscando revertir la situación o, al menos, ganar tiempo para sus representados.
El TPS es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo a personas de países que atraviesan crisis humanitarias graves o desastres naturales. El beneficio para venezolanos había sido extendido por la administración Biden hasta octubre de 2026, pero el fallo actual de la Corte Suprema podría allanar el camino para la deportación de muchas personas que estaban protegidas bajo este estatus. La administración Trump, poco después de asumir el poder, decidió poner fin al TPS para venezolanos, una medida que ahora parece tener luz verde para implementarse, aunque el litigio continuará en cortes inferiores.
La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos siguen de cerca estos acontecimientos, subrayando la importancia de proteger a poblaciones vulnerables que buscan refugio debido a crisis en sus países de origen. El futuro de estos 350,000 venezolanos pende ahora de un hilo, mientras la maquinaria legal se prepara para los próximos capítulos de esta compleja saga migratoria.
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