Un tribunal de Florida dictaminó este 27 de mayo que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberán pagar una suma cercana a los 2.4 mil millones de dólares al gobierno mexicano como resultado de una demanda civil por una vasta red de corrupción y lavado de dinero.
En un fallo calificado como histórico, una corte civil en Florida, Estados Unidos, ordenó este martes 27 de mayo de 2025 que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, paguen una indemnización. Esta decisión representa un golpe financiero significativo contra la fortuna acumulada por el exfuncionario y sienta un precedente en los esfuerzos de México por recuperar activos desviados mediante actos de corrupción.
El fallo detallado y sus implicaciones financieras
La jueza Lisa Walsh, del condado de Miami-Dade, especificó que Genaro García Luna deberá pagar más de 748 millones de dólares, mientras que su esposa, Linda Cristina Pereyra, afrontará una obligación de más de 1.7 mil millones de dólares. La suma total se acerca a los 2.4 mil millones de dólares, una cifra que, según reportes, triplica la cantidad originalmente demandada por México.
Esta sentencia es el resultado de una demanda civil interpuesta en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La UIF acusó a la pareja de orquestar y beneficiarse de una extensa red de corrupción que involucraba empresas fantasma y contratos gubernamentales fraudulentos para malversar fondos públicos y posteriormente lavar el dinero a través de inversiones en Florida. Este fallo es independiente de la condena penal que García Luna ya cumple en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, lo que subraya una estrategia integral del Estado mexicano para buscar no solo la sanción penal sino también la reparación económica.
La trama de corrupción expuesta por la UIF
La investigación de la UIF, que fundamentó la demanda civil, reveló una compleja trama de corrupción centrada en al menos 30 contratos gubernamentales firmados entre 2009 y 2018. Estos contratos, que involucraban a diversas agencias como la extinta Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, sumaron más de 625 millones de dólares y 93.8 millones de pesos adicionales.
Según la UIF, estos contratos fueron sistemáticamente inflados o, en algunos casos, completamente falsificados. Los fondos ilícitamente obtenidos eran canalizados a través de cuentas en paraísos fiscales, destacándose Barbados, para luego ser reintroducidos en el sistema financiero mediante la adquisición de bienes raíces de lujo, vehículos de colección y otros activos en Florida. La investigación identificó una red de al menos 44 empresas utilizadas para ocultar el origen y el movimiento del dinero público.
Reacción del Gobierno Mexicano: Un «hito» anticorrupción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el fallo durante su conferencia matutina, afirmando: «Honor a quien honor merece». La mandataria reconoció la labor de la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el impulso de esta acción legal. Esta continuidad en la persecución del caso, a pesar del cambio de gobierno, envía una señal sobre la persistencia del Estado mexicano en el combate a la corrupción de alto nivel.
«Este es un hito en la lucha del gobierno mexicano para recuperar fondos públicos desviados y combatir la corrupción en todos los niveles», declaró Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, al conocerse la sentencia.
Gómez Álvarez destacó que este caso es emblemático en la campaña para recuperar activos y combatir la influencia de la corrupción en las altas esferas del poder. Previamente, en 2023, la UIF ya había logrado la recuperación de más de 1.9 millones de dólares en efectivo y una propiedad valuada en 555,800 dólares, descritos en su momento como un «pago anticipado» de lo que México buscaba reclamar.
Contexto: La condena penal de García Luna
Este fallo civil se suma a la condena penal de más de 38 años de prisión que Genaro García Luna cumple actualmente en Estados Unidos. En 2023, un jurado en Nueva York lo encontró culpable de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y colaboración mientras fungía como el máximo responsable de la seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Recientemente, el equipo legal de García Luna obtuvo una segunda prórroga para presentar la apelación a su sentencia penal, fijando la nueva fecha límite para el 19 de septiembre de 2025, debido a dificultades para comunicarse con su cliente.
Implicaciones del fallo Civil
La histórica sentencia civil no solo impone una carga financiera considerable a García Luna y su esposa, sino que también fortalece la imagen de México en su lucha contra la corrupción a nivel internacional. Demuestra la viabilidad de utilizar mecanismos legales en jurisdicciones extranjeras para perseguir y recuperar activos producto de la corrupción. Este precedente podría incentivar futuras acciones legales similares contra otros exfuncionarios investigados y envía un mensaje disuasorio al mostrar que las consecuencias de la corrupción pueden ser tanto penales como financieras, y que los activos en el extranjero no son intocables.
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