Redadas de Trump en Los Ángeles desatan furia. Nuevas restricciones de EE.UU. golpean a venezolanos. Descubre el impacto directo en tu vida.
Los Ángeles arde con protestas por redadas migratorias y despliegue de la Guardia Nacional bajo órdenes de Trump este 9 de junio. Paralelamente, EE.UU. impone hoy duras restricciones de viaje a venezolanos, agudizando la crisis regional.
Furia Desatada: Los Ángeles Epicentro de la Resistencia Migrante
La ciudad de Los Ángeles se ha convertido este lunes, 9 de junio de 2025, en el epicentro de una masiva muestra de descontento y resistencia. Miles de personas han tomado las calles para protestar enérgicamente contra las recientes redadas migratorias ordenadas por la administración del presidente Donald Trump y ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La tensión escaló rápidamente, llevando a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, con un saldo de al menos 60 personas arrestadas hasta el momento. Las autoridades han llegado a declarar el centro de la ciudad como zona de reunión ilegal en un intento por controlar la situación.
La chispa que encendió la pradera fueron los operativos de ICE, que según testigos y organizaciones de derechos civiles, han sembrado el pánico en las comunidades inmigrantes. Se reporta que muchos migrantes, temerosos de ser detenidos, han optado por encerrarse en locales comerciales o en sus viviendas. Las denuncias por presunto perfilado racial por parte de los agentes federales no se han hecho esperar, aumentando la indignación popular. En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en diversos operativos en la ciudad.
La situación dio un giro aún más drástico con la decisión del presidente Trump de ordenar el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para dispersar las protestas. Esta medida, inusual por no haber sido solicitada por las autoridades estatales, fue justificada por Trump bajo el argumento de que Los Ángeles vive una «invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales», según publicó en su plataforma Truth Social. El contingente de la Guardia Nacional, compuesto por cerca de 300 efectivos, arribó a la ciudad el domingo, generando nuevos enfrentamientos, especialmente frente al Centro Metropolitano de Detención.
La respuesta de las autoridades locales no se hizo esperar. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el despliegue militar como una acción «deliberadamente incendiaria» , mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lo consideró innecesario y contraproducente. Este choque entre el gobierno federal y las autoridades locales evidencia una profunda división en la gestión de la política migratoria. La militarización de la respuesta a una protesta civil por temas migratorios parece ser una escalada en las tácticas de la administración Trump, buscando proyectar una imagen de fuerza y disuadir tanto la migración como la disidencia. Esta estrategia genera un clima de confrontación directa, especialmente si se considera la reciente revocación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la normativa que declaraba a Los Ángeles como «ciudad santuario», la cual prohibía usar recursos municipales para la aplicación de medidas federales de inmigración. Entre los afectados directamente por las recientes acciones se encuentran ciudadanos mexicanos, ya que se ha confirmado la deportación de al menos cuatro de ellos detenidos la semana pasada.
«No pueden entrar en la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses. No tenemos ni idea de a quién han secuestrado.» (Declaraciones de un manifestante en Los Ángeles ).
Cerco a Venezuela: Nuevas Restricciones de Viaje de EE.UU. Entran en Vigor
Paralelamente a la crisis en Los Ángeles, este lunes 9 de junio entraron en vigor nuevas y severas restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos a ciudadanos venezolanos. La medida, anunciada como parte de una proclamación presidencial de Donald Trump, afecta a una amplia gama de visas, incluyendo las de negocios (B-1), turismo (B-2), combinadas (B-1/B-2), de estudiante académico (F), de estudiante vocacional (M) y de intercambio (J).
Además de la suspensión de entrada para estas categorías, los funcionarios consulares estadounidenses reducirán la validez de cualquier otra visa de no inmigrante emitida a nacionales de Venezuela, en la medida que la ley lo permita. Es crucial entender que, aunque una visa emitida previamente no sea formalmente revocada, la entrada al país está suspendida, lo que en la práctica anula su utilidad para viajar. El gobierno de EE.UU. ha indicado que estas restricciones serán evaluadas durante los próximos 90 días para decidir si se eliminan, extienden o modifican.
Las justificaciones ofrecidas por Washington para esta drástica medida son varias. Según la proclamación, Venezuela carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes y documentos civiles, y no cuenta con medidas apropiadas de control y verificación. Se argumenta también que el país se ha negado a aceptar de vuelta a sus nacionales que son objeto de órdenes de deportación desde EE.UU. y se cita una tasa de estadía excesiva de venezolanos con visas B-1/B-2 del 9,83%.
No obstante, existen excepciones a esta prohibición. No se aplicará a residentes permanentes legales de EE.UU., ciudadanos con doble nacionalidad que viajen con su otro pasaporte cumpliendo los requisitos, ciertos diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales, atletas que participen en eventos deportivos de importancia, ni a aquellos con visas de inmigrante para familiares inmediatos (como cónyuges, hijos o padres de ciudadanos estadounidenses) que presenten pruebas claras de identidad y relación familiar. También se exceptúan las visas especiales de inmigrante para empleados del gobierno de EE.UU..
Las implicaciones para los venezolanos son profundas. Muchos que tenían planes de viaje, ya sea por turismo, estudios, negocios o para reunirse con familiares, ven sus esperanzas truncadas. El proceso para obtener una visa estadounidense para venezolanos ya era complejo, realizándose mayoritariamente fuera de Venezuela, principalmente en Bogotá, Colombia. Ahora, incluso si una visa es aprobada, la entrega del pasaporte podría no ser suficiente para permitir el viaje debido a estas nuevas restricciones. La combinación de redadas intensificadas en EE.UU. y estas restricciones de visa selectivas podría interpretarse no solo como un intento de controlar la inmigración, sino también como una forma de ejercer presión política y económica sobre los países de origen, utilizando a los migrantes como piezas en un complejo tablero geopolítico. Esta situación podría, a su vez, exacerbar las crisis humanitarias y forzar a los gobiernos latinoamericanos a tomar decisiones difíciles respecto a las políticas migratorias estadounidenses.
Contexto Regional: Una Mirada Amplia a la Presión Migratoria
Las medidas que afectan a Los Ángeles y a los ciudadanos venezolanos se enmarcan en un endurecimiento general de la política migratoria de Estados Unidos. Documentos recientes indican que a partir de mayo de 2025, el DHS y el USCIS implementarán políticas más estrictas para acelerar las deportaciones, no solo de personas con antecedentes penales, sino también de aquellos con errores administrativos o una situación legal incierta. Además, se ha elevado el estándar para demostrar un «miedo creíble» de persecución, exigiendo pruebas sólidas que pueden ser extremadamente difíciles de obtener para quienes huyen de situaciones desesperadas.
Se han reportado también tácticas como la realización de operativos en los propios tribunales de inmigración, donde agentes vestidos de civil detienen a inmigrantes justo después de finalizar sus audiencias, incluso si estaban cumpliendo con requisitos legales o tenían solicitudes de asilo pendientes. Esta diversificación de tácticas, que van desde cambios administrativos y tecnológicos (como la exigencia de presentar solicitudes exclusivamente online ) hasta redadas masivas y restricciones de visa, apunta a un endurecimiento sistémico. El objetivo parece ser crear múltiples barreras y acelerar los procesos de exclusión, lo que inevitablemente incrementa la vulnerabilidad de los migrantes y la presión sobre los sistemas de asilo y protección en toda la región.
Las reacciones de los países latinoamericanos son variadas. México, por ejemplo, ha reiterado su rechazo a las prácticas que criminalizan la migración. Guatemala y Honduras han hecho llamados a la calma a sus comunidades en EE.UU. y han reforzado la asistencia consular ante los operativos y protestas en Los Ángeles. En un movimiento particular, El Salvador ha ofrecido un centro penitenciario para albergar a personas deportadas por Estados Unidos, incluyendo a venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
El Factor Trump: ¿Qué Implica para el Futuro de la Migración en América Latina?
La retórica y las políticas del presidente Donald Trump son un factor clave en la configuración de la actual crisis migratoria. Sus discursos, que a menudo describen la situación en la frontera como una «invasión» , y sus acciones ejecutivas, como el despliegue de la Guardia Nacional y las restricciones de viaje, marcan un tono de confrontación. La promesa de «restaurar el orden» y «expulsar a los ilegales» resuena fuertemente entre sus bases, pero genera una enorme incertidumbre y temor en las comunidades inmigrantes y en los gobiernos de América Latina.
Si estas políticas se mantienen o se intensifican, los escenarios futuros para la migración en la región son preocupantes. La estrategia actual, caracterizada por la confrontación y la unilateralidad, podría estar minando a largo plazo los mecanismos de cooperación regional que son esenciales para abordar un fenómeno transnacional como la migración. En lugar de fomentar soluciones compartidas y humanitarias, podría llevar a respuestas más fragmentadas y nacionalistas por parte de los países latinoamericanos, cada uno intentando proteger sus propios intereses de forma aislada. Esto dificultaría enormemente la protección de los derechos de los migrantes y la gestión ordenada y humana de los flujos migratorios en el continente.
