Barcelona ha tomado una decisión drástica: eliminará por completo los 10.101 pisos turísticos con licencia de la ciudad para finales de 2028. La medida busca recuperar miles de viviendas para uso residencial y combatir la crisis de precios del alquiler.
Barcelona ha pulsado el botón nuclear en la guerra contra el turismo masivo. En una de las decisiones más radicales tomadas por una gran capital europea, el Ayuntamiento ha anunciado que eliminará por completo las 10,101 licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) existentes en la ciudad para noviembre de 2028. La medida, sin precedentes por su contundencia, pretende liberar miles de inmuebles para que vuelvan al mercado de alquiler residencial, en un intento desesperado por atajar una crisis de vivienda que ha vuelto la ciudad inhabitable para muchos de sus propios residentes.
El Anuncio Oficial: Fin a 10,101 Licencias Turísticas
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue el encargado de anunciar la medida el pasado 21 de junio, afirmando que la ciudad «no puede permitir que un gran número de viviendas se destine a actividades turísticas en un momento de dificultad para el acceso a la vivienda». El plan es que, a partir de 2029, el concepto de «piso turístico» tal y como se conoce hoy, desaparezca del mapa de la ciudad.
El objetivo es doble: por un lado, aumentar la oferta de vivienda para los barceloneses y, por otro, reducir la presión turística que, según el consistorio y numerosos colectivos vecinales, ha degradado la calidad de vida en los barrios más céntricos.
El Mecanismo Legal: ¿Cómo se Hará Efectivo el Veto?
La audaz medida del Ayuntamiento de Barcelona no surge de la nada, sino que se apoya en un marco legal específico. La clave es el decreto-ley 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, que regula las viviendas turísticas. Esta normativa establece, entre otras cosas, que las licencias urbanísticas para VUT tienen una duración de cinco años.
Aprovechando esta ventana legal, el Ayuntamiento de Barcelona simplemente no renovará ninguna de las licencias existentes a medida que vayan caducando en los próximos cuatro años, ni emitirá ninguna nueva. Esta estrategia permite una eliminación progresiva pero total del parque de pisos turísticos sin necesidad de expropiaciones, aunque se anticipan batallas legales por parte del sector.
La Raíz del Problema: Crisis de Vivienda y Presión Turística
La decisión de Barcelona responde a una situación límite. En la última década, los precios del alquiler en la ciudad han experimentado una escalada vertiginosa, un fenómeno que muchos estudios y residentes vinculan directamente con el auge de los alquileres de corta estancia. La alta rentabilidad de alquilar a turistas ha incentivado a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler tradicional, reduciendo la oferta para los residentes y disparando los precios.
«Tenemos la obligación de combatir la ilegalidad y al mismo tiempo estructurar las relaciones con las plataformas de comercialización.» – Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona.
Este fenómeno, conocido como «turistificación», no solo tiene un impacto económico. También transforma el tejido social de los barrios: el comercio local es reemplazado por tiendas de souvenirs y franquicias, aumenta el ruido y la masificación, y los vecinos de toda la vida se ven forzados a marcharse, sintiéndose extraños en su propia casa.
Reacciones Encontradas: De Airbnb a los Sindicatos de Inquilinos
La medida ha sido recibida con un abanico de reacciones. Por un lado, Apartur, la patronal de apartamentos turísticos, ha calificado la decisión de «error» que provocará «más ilegalidad» y ha anunciado que la recurrirá. Airbnb ha argumentado que el veto solo beneficia al lobby hotelero y no soluciona el problema de la vivienda.
Por otro lado, los sindicatos de inquilinos, aunque celebran la medida, la consideran insuficiente. Advierten que si no se regulan también los «alquileres de temporada» (contratos de 3 a 11 meses), muchos de estos pisos turísticos simplemente se reconvertirán a esta modalidad, esquivando la ley de vivienda y manteniendo la presión sobre los precios.
El Gobierno central, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha mostrado su «total apoyo» a la iniciativa de Collboni.
Barcelona se ha convertido en un laboratorio global en la regulación de la economía de plataformas. La decisión de eliminar los pisos turísticos es una apuesta arriesgada que será observada de cerca por ciudades de todo el mundo que enfrentan desafíos similares. El éxito o fracaso de esta medida podría marcar el camino a seguir en el debate global sobre cómo equilibrar el turismo, la tecnología y el derecho fundamental a la vivienda.
