La consecuencia legal más inmediata y drástica del apagón ha sido la suspensión oficial de todos los plazos procesales (judiciales y administrativos) a nivel nacional para los días 28 y 29 de abril. Esta medida, adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por «fuerza mayor», reconoce la imposibilidad de operar con normalidad en juzgados, fiscalías y despachos de abogados sin suministro eléctrico ni comunicaciones fiables.
- Consecuencias: Esta suspensión afecta el curso de miles de procedimientos legales, incluyendo juicios, presentación de escritos, recursos y notificaciones, generando retrasos inevitables en la administración de justicia.
- Dependencia Tecnológica: Este hecho subraya la profunda dependencia del sistema judicial moderno de la tecnología y la electricidad, evidenciando una vulnerabilidad significativa ante crisis de gran escala.
- Servicios Notariales: Aunque los plazos judiciales se suspendieron, se informó que la mayoría de las notarías lograron restablecer su funcionamiento con «normalidad» durante la mañana del martes.
Casos relevantes y decisiones judiciales
Consentimiento informado (España): Un tribunal español ha condenado a indemnizar con 15,000 euros a una mujer que fue esterilizada quirúrgicamente sin haber otorgado su consentimiento por escrito. La sentencia recalca que para procedimientos tan invasivos e irreversibles, la información verbal en consulta no es suficiente; se requiere consentimiento informado explícito y documentado, protegiendo la autonomía del paciente.
Responsabilidad Patrimonial (España): En otro caso, un tribunal denegó la indemnización a un ciclista que sufrió una caída en una calle mojada por tareas de limpieza municipal. La sala consideró que no se pudo establecer un nexo causal directo y exclusivo entre la actuación municipal y la caída, ya que pudieron influir otros factores (velocidad, estado de los neumáticos, etc.). Esto ilustra la dificultad de probar la responsabilidad de la administración en ciertos casos de lesiones.
Responsabilidad del Estado (EEUU): La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando el caso Martin v. U.S.. La cuestión central es si los ciudadanos pueden demandar al gobierno federal (FBI) por los daños sufridos cuando un equipo SWAT allanó por error la vivienda equivocada. La decisión tendrá implicaciones importantes sobre la inmunidad soberana y la rendición de cuentas por errores de las fuerzas del orden.
Acciones colectivas (EEUU): La Corte Suprema también considera un caso (Laboratory Corporation of America Holdings v. Davis) sobre si se puede certificar una acción colectiva (class action) cuando algunos miembros de la clase no han sufrido un daño demostrable. Esto afecta a litigios masivos en áreas como consumo o lesiones por productos defectuosos.
Ámbito penal y otras noticias legales
Investigación Penal (España): La Audiencia Nacional investiga el apagón bajo la hipótesis de un delito de «ciberterrorismo» o «sabotaje» , enmarcando la crisis también en el ámbito del derecho penal de alta tecnología e infraestructuras críticas.
Criminología (México): Se debate académicamente sobre los orígenes del comportamiento criminal, contraponiendo factores genéticos y epigenéticos (influencia del entorno y la crianza).
Legislación: El Tribunal Constitucional español aplazó su decisión sobre la impugnación de la Ley Trans por discrepancias internas. Canarias aprobó un decreto ley para agilizar licencias urbanísticas. Expertos analizan los retos legales del rearme en España.
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