Este jueves 20 de noviembre, la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada, fue turnada a fue turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, así como a la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, donde será analizada en las próximas semanas para, en su caso, ser dictaminada y enviada al pleno para su votación.
La propuesta, impulsada por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday, busca dar un marco legal a decisiones médicas que hoy no tienen respaldo jurídico en el estado. El legislador explicó que al incluir la Terminación Anticipada permitiría a pacientes en fase terminal solicitar no ser resucitados ni sometidos a respiración asistida cuando ya no exista posibilidad de recuperación.
“Esta propuesta no es eutanasia, no se trata de provocar la muerte de nadie. Es una medida de dignidad humana. Lo que queremos es que las personas puedan elegir no prolongar su sufrimiento cuando no existe posibilidad de recuperación”, dijo.
Alday recordó que esta figura complementa la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada presentada semanas atrás, la cual tiene como eje garantizar que cada persona pueda expresar, con certeza jurídica, los tratamientos médicos que desea recibir o rechazar cuando su salud ya no le permita decidirlo.
“La vida debe vivirse con dignidad, pero también debemos reconocer que el derecho a morir sin dolor y en paz forma parte de esa misma dignidad”, afirmó.
Análisis legislativo de la voluntad anticipada
La iniciativa establece que la Terminación Anticipada aplicaría únicamente para pacientes diagnosticados con enfermedades sin cura o en fase terminal, y siempre bajo supervisión médica, acompañamiento familiar y un proceso ético documentado.
El legislador explicó que 14 estados del país ya cuentan con leyes similares y que Quintana Roo no debe quedarse atrás en un tema que cruza salud pública, derechos humanos y bioética.
“Se trata de humanizar el marco jurídico, de poner al paciente y a su familia en el centro. También de ofrecer a los profesionales de la salud un camino claro para actuar con ética, sin miedo a consecuencias legales por respetar la voluntad de quien decide morir en paz”.
La propuesta también contempla mecanismos de participación ciudadana, como parlamento abierto y legisprudencia, para garantizar un análisis transparente y plural antes de la dictaminación.
Alday confió en que el proceso legislativo podrá avanzar sin retrasos una vez que las comisiones integren los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.
“No podemos evadir esta conversación. Si avanzamos con responsabilidad, la Ley de Voluntad Anticipada podría aprobarse antes de que termine el año o al inicio del próximo periodo”, señaló.
