Las universidades públicas autónomas de México enfrentan un año complicado en 2025. Con un presupuesto que no ha aumentado en términos reales, demandas por mejores salarios y una democracia sindical aún en proceso de consolidación, los conflictos en la educación superior parecen estar lejos de resolverse.
El incremento salarial otorgado a la UNAM en noviembre pasado, como cada año, ha marcado el tope salarial para todas las universidades, fijando un aumento del 4% directo al salario y hasta un 2% en prestaciones sociales. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que no hay garantía de que todas las universidades puedan alcanzar ese nivel de ajuste.
Revisión salarial en las universidades: ¿suficiente para 2025?
Las negociaciones entre los sindicatos universitarios y el gobierno federal han mantenido un esquema restrictivo para los aumentos salariales. A pesar de la inflación y las demandas de los trabajadores, el gobierno ha establecido un tope salarial de facto basado en lo otorgado a la UNAM.
Hasta el 1 de febrero de 2025, las universidades que han iniciado su proceso de revisión salarial o contractual han logrado:
- 4% de incremento salarial, similar al de la UNAM.
- Hasta 2% en prestaciones sociales, insuficiente ante la inflación.
- Presión creciente de sindicatos universitarios, que exigen mejoras reales en sus condiciones laborales.
Para los trabajadores administrativos y académicos, estos aumentos resultan insuficientes, pues la inflación ha reducido el poder adquisitivo en los últimos años.
Democracia sindical en las universidades: una reforma pendiente
Además del tema presupuestario, otro conflicto latente en las universidades es la falta de democracia sindical.
Desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019, se estableció que los trabajadores podían exigir:
- Voto personal, libre y secreto en elecciones sindicales.
- Transparencia y rendición de cuentas por parte de los sindicatos.
- Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
- Igualdad de género en las estructuras sindicales.
Sin embargo, aunque la reforma debía aplicarse en 2022, la pandemia y la falta de supervisión han permitido que muchos sindicatos no hayan adecuado sus estatutos, sin que esto haya tenido consecuencias legales.
Inconsistencias en la ley y falta de garantías para los trabajadores
Uno de los principales problemas es que la LFT no es clara en aspectos fundamentales para los trabajadores de las universidades:
- Los estallamientos de huelga no cuentan con lineamientos claros sobre la votación personal y secreta.
- La revisión salarial no exige votación secreta, a pesar de que los tabuladores salariales son parte integral del CCT.
- Las demandas por violaciones a los contratos colectivos requieren el respaldo de la mayoría de afiliados, pero no garantizan votaciones individuales y libres.
Este vacío legal ha sido aprovechado por las cúpulas sindicales para mantener sus decisiones en manos de delegados con votación a mano alzada, lo que ha limitado la verdadera participación de los trabajadores.
Las promesas de la 4T y la realidad cinco años después
Cuando se promovió la reforma laboral de la 4T, se prometió que daría mayor poder de decisión a los trabajadores y eliminaría prácticas sindicales corruptas.
A cinco años de su implementación, la realidad es que:
- Los sindicatos siguen operando con poca transparencia.
- Las decisiones siguen tomándose en reuniones de cúpula.
- La mayoría de los trabajadores universitarios no tienen voz en decisiones clave.
¿Qué se necesita para mejorar la situación en las universidades?
Las universidades públicas enfrentan dos grandes retos en 2025:
- Garantizar un presupuesto adecuado y oportuno para que las instituciones puedan operar sin precariedad.
- Fortalecer la democracia sindical, asegurando que las decisiones sean tomadas por los trabajadores y no por líderes sindicales con intereses políticos.
Para ello, el nuevo gobierno debe:
- Asegurar incrementos salariales justos y acordes con la inflación.
- Supervisar la aplicación de la reforma laboral en los sindicatos universitarios.
- Evitar la manipulación política en la asignación presupuestaria a universidades.
El panorama para las universidades públicas en 2025 no es alentador, pero si el gobierno y los sindicatos realmente buscan mejorar las condiciones laborales y académicas, es momento de actuar con mayor transparencia y compromiso con los trabajadores y estudiantes.
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