La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su reunión con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se abordó la posibilidad de extraditar a grandes capos del narcotráfico hacia México. Uno de los temas centrales fue Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, recientemente capturado.
“Hablamos sobre la captura de El Mayo, el aumento de delitos en Sinaloa y los objetivos que buscamos extraditar a México. La decisión final será soberana y basada en la seguridad nacional”, declaró la mandataria.
Decisiones soberanas en materia de seguridad y extradición
Sheinbaum subrayó que la extradición y deportación de capos se analiza bajo criterios de riesgo hacia la seguridad del país. Extraditar o enviar capos a Estados Unidos, como El Chapo Guzmán o Rafael Caro Quintero, puede desencadenar narcoguerras y aumentar la violencia.
“Cada caso se analiza en el Consejo de Seguridad Nacional para garantizar que cualquier acción fortalezca la paz y seguridad de México”, afirmó.
Colaboración binacional contra tráfico de drogas y armas
Además de la extradición, la presidenta mencionó que México y Estados Unidos trabajan en un equipo coordinado de titulares de dependencias de seguridad, incluyendo SSPC, Defensa, SEMAR, Relaciones Exteriores y FGR.
Este grupo evaluará periódicamente incautaciones de drogas y armas, con el objetivo de ajustar estrategias y despliegues de elementos federales donde se detecte mayor actividad criminal.
Estrategia para reducir violencia y fortalecer seguridad
Sheinbaum explicó que la nueva estrategia se basará en medir indicadores de tráfico de drogas y armas. Estados Unidos también fortalecerá su investigación para localizar empresas o personas que suministren armamento a grupos criminales.
“Todo se evaluará mediante incautaciones. Si hay menos drogas incautadas, es señal de éxito de la estrategia en ambos países. A partir de ahí, se ajustarán decisiones y despliegue de fuerzas federales”, concluyó la presidenta.
Impacto para la seguridad nacional
El diálogo con Estados Unidos busca no solo extraditar capos, sino también prevenir el aumento de violencia en México. La coordinación binacional permitirá un monitoreo más eficiente de rutas de drogas, armas y operaciones del crimen organizado, fortaleciendo la seguridad de la población.
