Votación cambia panorama de seguridad institucional
En una jornada legislativa que marcará un antes y un después en la política de seguridad institucional de México, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad (105 votos a favor) la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La modificación permitirá, bajo ciertos requisitos, que empleados de instituciones clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico) puedan portar armas para garantizar la seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Seguridad reforzada en sectores estratégicos
El mensaje es claro: el Estado busca blindar a sus instituciones estratégicas en un contexto donde el crimen organizado ha extendido su amenaza a sectores energéticos, financieros e incluso fiscales.
Esta decisión legislativa responde a la necesidad de que el personal que transporta, custodia o resguarda bienes y servicios fundamentales para el país tenga las herramientas necesarias para protegerse y proteger el interés nacional.
Por supuesto, esta portación no será indiscriminada. Solo aquellos que acrediten debidamente su función de seguridad podrán portar armas bajo estrictas normas de control.
Armas en el campo: ¿defensa legítima o riesgo latente?
La reforma también autoriza la posesión en domicilio de armas de fuego para ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo. Se permitirá exclusivamente un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre, siempre que se acredite su actividad rural.
Este apartado ha sido motivo de debate en legislaciones anteriores, pero ahora fue incorporado bajo el argumento de la legítima defensa, especialmente en zonas donde las fuerzas del orden no siempre están presentes de manera oportuna.
Blindaje y uso militar: la ley también impone límites
Uno de los puntos más destacados es la prohibición estricta del uso de vehículos blindados particulares modificados para incorporar armamento, así como la posesión de municiones, explosivos y armamento reservado para las Fuerzas Armadas por parte de civiles.
Esto responde al creciente uso de vehículos de guerra por parte de grupos delictivos en regiones del país, y busca reforzar el control estatal del armamento de alto poder.
Campañas de desarme y cultura de la paz
En un tono complementario, la reforma también ordena que los tres niveles de gobierno implementen campañas educativas permanentes sobre los riesgos de manipular materiales explosivos, pirotécnicos y sustancias químicas.
Estas campañas no solo buscan prevenir accidentes, sino también sembrar una cultura de paz en comunidades donde la violencia y la presencia de armas se han normalizado.
Un solo discurso en el Senado, pero con amplio consenso
Durante el debate en el Senado, solo intervino la senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien calificó la reforma como “esencial” y subrayó su carácter de interés social.
“Reforzar el control del Estado sobre armas y explosivos es fundamental. Esta reforma actualiza la clasificación de armamento, define con claridad la portación legal y ordena campañas permanentes de desarme”, aseguró.
Por su parte, los legisladores Luis Alfonso Silva Romo, Juanita Guerra Mena (PVEM) y Alejandra Barrales Magdaleno (MC) pidieron que sus posturas fueran integradas al Diario de los Debates, en respaldo total a la medida.
Siguiente paso: promulgación presidencial
La reforma ya fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su promulgación y entrada en vigor. Todo indica que será respaldada, dada su alineación con el enfoque de seguridad que Sheinbaum ha promovido desde su campaña: inteligencia, control estatal y prevención social.
¿Arma estratégica de seguridad o puerta peligrosa?
Mientras algunos sectores celebran esta decisión como un refuerzo necesario a la seguridad institucional y rural, otros la observan con preocupación, temiendo que una mayor disponibilidad de armas pueda desencadenar nuevos riesgos si no se vigila su aplicación.
Lo cierto es que la reforma representa un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, el Estado mexicano formaliza un modelo que combina defensa institucional, control estricto y educación social, con la promesa de fortalecer la paz desde la regulación.
