Se definirá en próximos días situación de ex comisionado de Seguridad de Tabasco

Se definirá en próximos días situación de ex comisionado de Seguridad de Tabasco
Autoridades estatales informarán sobre el proceso legal de José del Carmen Castillo, señalado por vínculos con el grupo delictivo La Barredora


La situación jurídica de José del Carmen Castillo, alias La Rana, ex comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, será definida en los próximos días, según confirmaron autoridades estatales. Castillo es señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora, lo que ha generado expectación en el ámbito político y de seguridad en la entidad.

Antecedentes del caso Castillo

Castillo asumió la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) el 5 de enero de 2024, cuando Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia al cargo. En ese momento, Castillo fue designado como encargado de despacho, aunque su gestión fue breve y estuvo marcada por señalamientos en su contra.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el exfuncionario habría mantenido nexos con la organización delictiva La Barredora, grupo que opera en diversas zonas de Tabasco y que está vinculado a actividades como extorsión, narcotráfico y homicidios.

Respuesta del Gobierno estatal

Durante la visita presidencial a Villahermosa, medios locales cuestionaron al secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, sobre una posible detención de Castillo, rumor que circuló ampliamente en redes sociales.

Sin embargo, el funcionario aclaró que será necesario esperar la información oficial, ya que toda comunicación sobre el caso corresponde a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

“Será en los próximos días cuando las autoridades judiciales den un informe sobre la situación legal de José del Carmen Castillo”, declaró López Obrador.

Proceso paralelo de Hernán Bermúdez Requena

El caso de Castillo está relacionado con el proceso judicial que enfrenta Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco, detenido en 2024. Bermúdez es investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y abuso de autoridad durante su gestión.

Este sábado, el fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez, informó que el próximo martes se reanudará de manera virtual la audiencia de Bermúdez Requena, en la que se determinará si se dicta auto de vinculación a proceso o se le concede libertad.

Impacto político y social en Tabasco

La situación de ambos exfuncionarios ha generado inquietud en el panorama político local, ya que ambos ocuparon cargos clave en materia de seguridad en Tabasco, una de las entidades con mayores retos en la lucha contra la delincuencia organizada.

La eventual confirmación de vínculos entre Castillo y La Barredora afectaría la percepción ciudadana respecto a la capacidad de las instituciones estatales para garantizar la seguridad. Asimismo, podría impactar en la confianza hacia el gobierno estatal y federal, que han impulsado programas de reforzamiento policial en la región.

Expectativas en torno a la resolución

Mientras la Fiscalía prepara los informes y las audiencias continúan, los tabasqueños esperan definiciones claras sobre la responsabilidad penal de Castillo y Bermúdez. Expertos en seguridad señalan que el desenlace de ambos procesos será clave para entender el nivel de infiltración criminal en las estructuras gubernamentales locales.

En paralelo, colectivos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han solicitado que las investigaciones se conduzcan con transparencia y apego a derecho, sin que medien intereses políticos.

La definición de la situación legal de José del Carmen Castillo, alias La Rana, marcará un nuevo capítulo en los esfuerzos por depurar las instituciones de seguridad en Tabasco. Con las audiencias de Hernán Bermúdez Requena en curso y las investigaciones en marcha, los próximos días serán determinantes para esclarecer si existieron vínculos entre altos mandos de seguridad y el crimen organizado en el estado.

La ciudadanía espera que las resoluciones judiciales no solo aclaren responsabilidades, sino que también fortalezcan la confianza en las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública.


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