La diputada de Morena, Jennifer Rubio, presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental de Quintana Roo, con el objetivo de que el estado garantice el más alto nivel de atención, alineado con los estándares nacionales y las recientes modificaciones a la Ley General de Salud.
Rubio explicó que la propuesta responde a la urgencia de atender a sectores de la población que, por sus condiciones sociales, económicas o de vulnerabilidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales.
«Hay grupos sociales más susceptibles de sufrir problemas mentales: personas en pobreza, adultos mayores, menores expuestos al maltrato, comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual o personas privadas de la libertad», dijo.
El peso real de los trastornos mentales
La diputada recordó que los trastornos mentales tienen consecuencias profundas en la vida y salud de quienes los padecen. Estas muertes pueden estar asociadas tanto a enfermedades físicas no atendidas como diabetes o enfermedades cardiovasculares como al suicidio.
«Una persona con depresión grave o esquizofrenia tiene una probabilidad de morir prematuramente entre 40% y 60% más que el resto de la población. El suicidio es la segunda causa de muerte más frecuente entre la población joven a nivel mundial», dijo.
Además del impacto humano, la diputada detalló que los costos económicos derivados de la atención a la salud mental son enormes.
«Un estudio reciente estima que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales será de 16.3 billones de dólares entre 2011 y 2030», mencionó.
Para la legisladora de Morena, estos datos muestran que invertir en salud mental no es opcional: es una condición para el desarrollo social.
«Las personas sanas mentalmente son más capaces, eficaces y resilientes. Pueden mantener relaciones saludables y resolver conflictos de manera proactiva», dijo.
Un marco renovado para fortalecer la salud mental en Quintana Roo
La iniciativa busca reformar el artículo 4, adicionar un artículo 4 Bis y modificar el artículo 6 de la Ley de Salud Mental del Estado, con el propósito de armonizarla con las reformas aprobadas a nivel federal en 2022.
Dichas reformas establecen un enfoque integral que reconoce el bienestar emocional como parte inseparable de la salud, enfatizan la atención comunitaria, promueven el consentimiento informado y combaten la estigmatización a través de un lenguaje accesible.
«Es indispensable que nuestra legislación estatal se actualice para garantizar que las personas ejerzan plenamente su derecho a la capacidad jurídica y reciban atención digna, respetuosa y oportuna», expresó.
Un derecho humano y una deuda pendiente
Rubio destacó que la salud mental debe entenderse como un derecho humano básico, esencial para el desarrollo individual y colectivo.
«La salud física y mental es un derecho imprescindible para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico», dijo.
La diputada recordó que Quintana Roo enfrenta, como el resto del país, un aumento en casos de depresión, ansiedad y otros trastornos asociados a factores sociales, económicos y ambientales.
La reforma planteada pretende fortalecer la atención pública, cerrar brechas de desigualdad, mejorar la capacidad de respuesta institucional y asegurar que cualquier persona pueda acceder a servicios integrales sin discriminación.
«El derecho de las personas a gozar del más alto nivel de salud mental debe estar garantizado en la ley y en la práctica», dijo.
