El debate sobre el futuro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se intensifica. La iniciativa, impulsada por Morena, busca que una filial del instituto utilice los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores para la construcción de casas. Estos fondos ascienden a más de 2 billones de pesos, provenientes de miles de empleados formales en México.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, afirmó que esta reforma contempla mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar malversaciones. Según Monreal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará el uso de estos recursos.
La preocupación de trabajadores y empresarios
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la posible pérdida de la organización tripartita, donde trabajadores, empresarios y el gobierno tienen participación equitativa. Representantes de ambos sectores han expresado inquietud sobre el control gubernamental de los fondos, temiendo que esto pueda alterar el equilibrio en la toma de decisiones.
Monreal adelantó que el proyecto se someterá a modificaciones, asegurando que los órganos internos del Infonavit mantendrán la participación tripartita. Esto incluiría la asamblea general, el Comité de Vigilancia y el Comité de Transparencia.
Creación de una filial para construir viviendas
La reforma contempla la creación de una empresa filial del Infonavit, cuya principal función será la construcción de viviendas. Esto marcaría un cambio significativo en la operación del instituto, que hasta ahora ha enfocado sus esfuerzos en el financiamiento hipotecario.
“De aprobarse, el Infonavit tendrá una gran intervención en la edificación de casas. Se garantizará que los recursos se utilicen de manera adecuada”, señaló Monreal.
Casos de corrupción y auditorías
La propuesta surge en medio de señalamientos de corrupción vinculados al Infonavit. Aunque Monreal no mencionó casos específicos, como el escándalo de Telra Realty ocurrido durante la gestión de Alejandro Murat, subrayó que será responsabilidad del instituto perseguir a los involucrados y garantizar justicia interna.
Además, se reforzará la fiscalización de los recursos, lo que, según los legisladores, garantizará su uso transparente y eficiente.
¿Qué sigue para la reforma?
El dictamen final será presentado en los próximos días tras una mesa de trabajo entre legisladores, trabajadores y empresarios. Este proceso determinará si la propuesta logra conciliar las preocupaciones de todas las partes involucradas.
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