Desde el Congreso de Quintana Roo se impulsa la primera Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes se atreven a alzar la voz contra este delito.
La diputada María José Osorio, una de las promoventes de esta iniciativa, explicó que de la mano con los diputados hugo Alday y Ricardo Velasco, se ha diseñado una propuesta que busca establecer garantías claras para proteger a cualquier persona que denuncie, testifique o aporte información relevante sobre actos de corrupción, incluyendo a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
“Quien se atreve a denunciar un acto de corrupción no debe terminar siendo la víctima del sistema. Por eso proponemos una ley que garantice la integridad y los derechos laborales de estas personas”, explicó la diputada.
La propuesta contempla un abanico de medidas de protección: desde la reserva de datos personales, cambio de área laboral y acompañamiento psicológico, hasta protección policial y traslados seguros a sus centros de trabajo. De acuerdo con el documento, ningún servidor público que denuncie podrá ser despedido, hostigado ni trasladado como represalia.
Las medidas deberán ser evaluadas y aplicadas por instancias como la Secretaría Anticorrupción, los Órganos Internos de Control y otras autoridades competentes, en función del nivel de riesgo y la situación de vulnerabilidad del denunciante.
“El miedo a las represalias ha sido uno de los principales frenos en la lucha contra la corrupción. Esta ley cambia la lógica: quien colabore con la verdad, tendrá respaldo institucional”, mencionó la diputada del Partido Verde.
La iniciativa también establece la creación de un Registro de Personas Protegidas, bajo resguardo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado. Dicho registro contendrá datos de identidad, medidas otorgadas y expediente vinculado, y solo podrá ser consultado por autoridades autorizadas.
Además de que represalias como despido injustificado, acoso o cambios arbitrarios en condiciones laborales serán investigadas, y quienes resulten responsables podrían ser sancionados administrativamente o incluso penalmente.
“Esta ley es un paso hacia un gobierno más transparente, que deja atrás la complicidad y protege a quienes quieren hacer lo correcto. No basta con pedir denuncias, hay que garantizar condiciones para que sean posibles”, dijo.
Finalmente, la iniciativa prevé también sanciones para quienes simulen ser víctimas o presenten denuncias falsas con la intención de obtener beneficios. Las medidas de protección podrán concluir por voluntad del beneficiario, por fallecimiento o por resolución judicial.
