La tercera marcha masiva contra la gentrificación no fue solo una protesta social, sino un claro desafío político al gobierno de la Ciudad de México. Los manifestantes exigen acciones concretas y una regulación urgente para frenar una crisis de vivienda que consideran insostenible.
La reciente manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México, que congregó a miles de personas, ha trascendido el ámbito social para convertirse en el desafío político más significativo para la nueva administración capitalina. Aunque la jornada concluyó sin incidentes mayores, las demandas de los manifestantes ponen en el centro del debate las políticas de vivienda y desarrollo urbano del gobierno.
El movimiento, que ha ganado fuerza con cada convocatoria, critica lo que percibe como una falta de acción gubernamental para proteger a los residentes locales del desplazamiento forzado por la especulación inmobiliaria y el auge de plataformas como Airbnb.
El Pliego Petitorio: Más Allá de la Protesta
Las demandas del movimiento son claras y apuntan directamente a la necesidad de una intervención estatal. Los manifestantes no solo expresan su descontento, sino que exigen un marco regulatorio que incluya:
- Regulación de las plataformas de alquiler de corta estancia: Limitar el número de licencias para aplicaciones como Airbnb que, según argumentan, extraen viviendas del mercado de alquiler a largo plazo, disparando los precios.
- Control de rentas: Establecer mecanismos para frenar los aumentos desproporcionados en los precios de los alquileres, que hacen imposible para muchos residentes permanecer en sus barrios.
- Freno a la especulación inmobiliaria: Implementar políticas que desincentiven la compra de propiedades con fines puramente especulativos y que prioricen el uso habitacional.
- Derecho a la ciudad: Garantizar que el desarrollo urbano beneficie a todos los habitantes y no solo a inversionistas y turistas.
El Gobierno en la Mira
La protesta pone al gobierno de la Ciudad de México en una posición compleja. Por un lado, debe fomentar la inversión y el turismo, motores económicos clave para la capital. Por otro, enfrenta la presión de un movimiento social creciente y articulado que le exige proteger el derecho a la vivienda de sus ciudadanos.
El subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, intentó dialogar con los manifestantes al inicio de la marcha, asegurando que se buscaba una movilización pacífica, pero el fondo del problema sigue sin resolverse. El gobierno ha anunciado planes para atender el fenómeno en 12 colonias prioritarias, pero los críticos consideran que estas medidas son insuficientes ante la magnitud del problema.
«La discusión sobre gentrificación no será a ‘contentillo’ de grupos.» – Declaración de un funcionario de gobierno, reflejando la tensión entre las autoridades y los manifestantes.
La tercera marcha contra la gentrificación ha dejado claro que este no es un problema pasajero. Se ha consolidado como un movimiento político que evaluará a la administración actual por su capacidad para equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y el derecho fundamental a la vivienda. La respuesta del gobierno en los próximos meses será crucial para definir el rumbo de este conflicto.
