La agenda política en Monterrey, Nuevo León se concentra en dos frentes clave que buscan responder a demandas ciudadanas fundamentales: la mejora de la calidad educativa a través de la regulación tecnológica y la reforma del sistema de justicia para restaurar la confianza pública.
La política local se enfoca en iniciativas que buscan impactar directamente la vida de los ciudadanos, desde la educación hasta la administración de justicia. Dos temas centrales marcan la agenda: la regulación del uso de celulares en las aulas y la reforma del sistema judicial estatal.
En el ámbito educativo, existe un notable apoyo de los padres de familia en Nuevo León a la propuesta para regular el uso de teléfonos celulares durante las clases. La presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia ha afirmado que el uso de estos dispositivos electrónicos en el aula genera «efectos colaterales» negativos en el rendimiento académico y la convivencia social. Esta demanda social ha encontrado eco en la legislatura, donde la diputada Perla Villarreal presentó una iniciativa de reforma para regular el uso de celulares en las escuelas del estado. La propuesta tiene como objetivos claros mejorar la concentración, fomentar la convivencia social, reducir el ciberacoso y mejorar el aprendizaje. La alineación entre la demanda social y la acción política en este tema podría acelerar significativamente la aprobación y aplicación de esta medida, ya que responde a una necesidad percibida por la sociedad. Además, la UNESCO ha señalado que alrededor del 40% de los sistemas educativos en el mundo ya han restringido el uso de celulares en las aulas, lo que refuerza la validez de la propuesta local.
Por otro lado, el sistema de justicia estatal en Nuevo León enfrenta un desafío fundamental: la falta de confianza ciudadana. El Consejo Cívico ha señalado que los diputados de Nuevo León tienen una oportunidad crucial para mejorar este sistema, dado que más del 50% de las personas no denuncian delitos por la desconfianza que sienten hacia las instituciones de justicia. Esta estadística es un indicador crítico de un problema sistémico de legitimidad. Para abordar esta situación, se busca ampliar la experiencia profesional mínima requerida para impartir justicia, pasando de tres a cinco años, y eliminar requisitos ambiguos en materias relacionadas con el cargo, con el fin de asegurar que quienes impartan justicia cuenten con las herramientas necesarias y que el proceso de selección sea transparente y objetivo.
La afirmación del Consejo Cívico subraya que la reforma judicial no es solo una cuestión de marcos legales, sino de reconstruir la confianza pública, un elemento esencial para que el sistema de justicia funcione eficazmente. La aprobación de esta reforma con los ajustes adecuados puede marcar un cambio positivo para Nuevo León, asegurando un Poder Judicial realmente independiente y eficiente. Ambos temas, la regulación de celulares en las escuelas y la reforma judicial, reflejan la búsqueda de una mejor gobernanza y servicios públicos que respondan a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía en Monterrey y Nuevo León.
