El Congreso de Quintana Roo analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del estado con la que se pretende aumentar las penas contra las denuncias falsas, una práctica que, de acuerdo con el diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, afecta tanto a personas inocentes como al funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Actualmente, el artículo 224 del Código Penal local contempla sanciones de seis meses a dos años de prisión para quienes presenten denuncias falsas. Sin embargo, la propuesta plantea elevar la pena a un rango de dos a siete años de cárcel, además de incrementar las multas económicas de 100 a 300 días.

El legislador explicó que el objetivo principal es fortalecer el carácter disuasorio de la ley y evitar que el sistema penal sea utilizado como un mecanismo de persecución o daño contra terceros.

“El sistema de procuración y administración de justicia se sustenta en la buena fe de las personas que acuden ante las autoridades a denunciar la comisión de hechos que pueden constituir delitos. 

“La denuncia representa un mecanismo fundamental para activar la investigación penal y garantizar la protección de los derechos de las víctimas, así como el cumplimiento del deber del Estado de perseguir los delitos”, dijo.

Denuncias falsas afectan a víctimas reales

Hugo Alday sostuvo que el uso doloso de denuncias falsas provoca un doble daño perjudicando directamente a personas inocentes y consumiendo recursos públicos que deberían destinarse a investigaciones legítimas.

“Las sanciones vigentes han sido consideradas relativamente bajas, lo que reduce el efecto disuasorio frente a conductas que pueden afectar gravemente la libertad, reputación y seguridad jurídica de personas inocentes. 

“La presentación de denuncias falsas no sólo genera una afectación al honor y la reputación de las personas imputadas injustamente, sino que también provoca un uso indebido de los recursos institucionales destinados a la investigación de delitos”, afirmó.

El diputado advirtió que esta situación también provoca desconfianza social y afecta la credibilidad de quienes verdaderamente requieren apoyo institucional.

“Otra de las consecuencias que genera la proliferación de denuncias falsas es el escepticismo en la ciudadanía y en las propias autoridades, afectando la credibilidad de quienes realmente necesitan justicia, ya que se desatienden denuncias legítimas por temor a que sean consideradas infundadas”, añadió.

La reforma contempla agravantes para servidores públicos

La iniciativa también propone sanciones más severas cuando las denuncias falsas sean cometidas por servidores públicos, debido a la responsabilidad institucional que tienen frente a la ciudadanía.

De acuerdo con la propuesta legislativa, en estos casos se aplicarían penas agravadas, además de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones públicas.

“Esta medida busca proteger la confianza de la ciudadanía en las instituciones, evitando el abuso de la autoridad y el uso indebido del aparato estatal para perjudicar a terceros”, explicó el legislador.