La Plaza Izazaga 89, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, se convirtió en el epicentro de un operativo que ha generado gran controversia. Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, afirmó que el objetivo principal es combatir delitos e irregularidades relacionados con la comercialización de productos pirata, descartando cualquier intención discriminatoria contra productos de origen chino.
Brugada dejó en claro que estas acciones se enfocan en garantizar la legalidad y recuperar los espacios públicos, objetivos fundamentales para su administración. “El contrabando es un problema que debemos combatir sin caer en visiones xenófobas o discriminatorias contra ninguna población, ya sea nacional o internacional”, declaró.
Más de 260 mil piezas confiscadas
El operativo, realizado la semana pasada, resultó en la incautación de más de 260 mil piezas de mercancía que habían ingresado al país de manera ilegal. Según César Cravioto, secretario de Gobierno, esta acción se realizó en colaboración con múltiples dependencias, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
La plaza fue clausurada debido a irregularidades en los permisos para unir los predios que la conforman. Una vez que los propietarios regularicen su situación, el lugar podría reabrir sus puertas, aunque deberán demostrar la legalidad de los productos almacenados.
Impacto legal: Ley de Extinción de Dominio
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que se presentó una denuncia ante la FGR para aplicar la extinción de dominio sobre Izazaga 89. Esta medida busca retirar el control de la propiedad a quienes comercialicen productos ilegales, con base en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Este procedimiento refleja el compromiso de las autoridades por erradicar el contrabando y fortalecer el comercio legal en la capital.
La lucha contra el contrabando: un esfuerzo colectivo
Brugada señaló que este operativo es solo el inicio de una serie de acciones que se extenderán a otros mercados y comercios donde se sospeche de actividades ilegales. Con el apoyo de la Secretaría de Economía y la FGR, su administración busca garantizar que la Ciudad de México sea un espacio donde prevalezca la legalidad.
“Estas medidas son esenciales para proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes legales, quienes sufren la competencia desleal derivada de la piratería y el contrabando”, afirmó.
Repercusiones sociales y económicas
La intervención en Izazaga 89 ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos comerciantes expresan preocupación por posibles afectaciones económicas, otros reconocen la importancia de regular las actividades comerciales para fomentar un entorno más justo y transparente.
El combate al contrabando no solo busca proteger la economía formal, sino también erradicar prácticas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y la percepción de seguridad en la capital.
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