En su segundo informe de labores, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ofreció un testimonio contundente de la resistencia del Poder Judicial ante lo que calificó como un asedio constante. En su discurso, Piña describió una guerra de descrédito dirigida desde el Ejecutivo y respaldada por el Legislativo, una ofensiva que busca subordinar al Poder Judicial a intereses políticos y electorales.
La ausencia de la presidenta de México en el acto y la representación del Ejecutivo reducida a un subsecretario fueron símbolos de la tensa relación entre los poderes. En contraste, la ceremonia se convirtió en un escenario para denunciar las agresiones y subrayar la importancia de un Poder Judicial autónomo en la defensa de los derechos fundamentales.
Reformas constitucionales inconstitucionales: un golpe a los derechos
Norma Piña señaló que las recientes reformas a la Constitución han violado principios básicos como la universalidad, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos establecidos en el artículo primero constitucional. Estas modificaciones, impulsadas por una mayoría legislativa alineada con el Ejecutivo, representan, según Piña, una amenaza directa al equilibrio de poderes y la supremacía constitucional.
El concepto de “reformas inconstitucionales”
Inspirado en el libro de Roznai Yaziv, el término destaca cómo ciertos cambios en la Constitución pueden contradecir los valores fundamentales que deberían proteger. En este caso, la reforma busca centralizar el poder en detrimento de los derechos ciudadanos y la independencia judicial.
Los actores clave en el conflicto
1. El Ejecutivo
El régimen actual, caracterizado por su discurso populista y confrontativo, ha utilizado los aparatos políticos y mediáticos para desacreditar al Poder Judicial, acusándolo de defender intereses económicos y privilegiados.
2. El Legislativo
Con una mayoría calificada, el Congreso se ha convertido en el instrumento para aprobar reformas que socavan la autonomía judicial. Las decisiones recientes del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral han exacerbado esta situación, otorgando una ventaja política al partido en el poder.
3. La SCJN y los ministros independientes
A pesar de la presión, un grupo de ministros, encabezados por Piña, ha mantenido una postura firme en defensa de los principios constitucionales. Sin embargo, casos como el del ministro Pérez Dayán, cuya actuación ha sido cuestionada, muestran las tensiones internas en la Corte.
Crónica de una resistencia judicial
El informe de Piña es un testimonio de la resistencia de la SCJN frente a un entorno hostil. La ministra detalló cómo la narrativa oficialista, basada en mentiras repetidas, ha buscado erosionar la confianza pública en el Poder Judicial.
“Fuego graneado”: seis años de ataques
El régimen actual ha sostenido una campaña constante de descrédito contra la SCJN, acusándola de ser un obstáculo para la transformación del país. Estas agresiones, lejos de ser meramente retóricas, han tenido un impacto real en la percepción pública y en la operación cotidiana del Poder Judicial.
¿Qué está en juego?
La lucha por la independencia judicial no es solo una batalla institucional; es un tema que afecta directamente los derechos de los ciudadanos. Un Poder Judicial subordinado pone en riesgo la capacidad de los tribunales para proteger a los ciudadanos contra abusos del poder.
Consecuencias potenciales:
- Pérdida de derechos fundamentales: Las reformas regresivas podrían limitar el acceso a la justicia y la protección de derechos.
- Desconfianza en las instituciones: El descrédito del Poder Judicial mina la credibilidad de todo el sistema democrático.
- Concentración de poder: La subordinación de la SCJN fortalece un modelo autoritario que pone en peligro el equilibrio de poderes.
Reflexión final: defender el equilibrio democrático
El informe de Norma Piña no solo es un recuento de agravios, sino un llamado a la acción para defender la autonomía judicial y los principios democráticos. En un momento crítico para México, la resistencia del Poder Judicial debe ser respaldada por una sociedad consciente de que su libertad y derechos están en juego.
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