La historia de Nayarit cambió cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno estatal lograron lo impensable: recuperar más de nueve millones de metros cuadrados de tierra en la Riviera Nayarit, valorados en más de 50 mil millones de pesos, arrebatados al estado por una red de corrupción que operó durante años bajo la sombra del poder.
El regreso de lo que fue robado
En un operativo sin precedentes, conocido como “Nuevo Nayarit”, se aseguraron además 359 cuentas bancarias con más de 7 mil millones de pesos, pertenecientes a 127 personas y empresas ligadas al despojo.
Los exgobernadores Ney González y Roberto Sandoval, ambos del PRI, figuran como los principales responsables. Mientras González continúa prófugo con ficha roja de Interpol, Sandoval ya cumple una condena por falsificación de documentos y enfrenta nuevos procesos por lavado de dinero.
Un entramado de corrupción bien planeado
La fiscal Cristina Reséndiz Durruti explicó que la investigación destapó una red de notarios, funcionarios y empresarios que alteraron registros oficiales para simular ventas y apropiarse de terrenos en Nuevo Vallarta, Sayulita, Bucerías y Compostela.
“Estamos hablando de un fraude que dañó profundamente el patrimonio público y la confianza en las instituciones”, declaró Reséndiz.
Por su parte, el fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano detalló que la operación involucró más de 100 mil fojas de evidencia y 200 tomos de documentación, lo que demuestra la magnitud del delito. Las notarías implicadas falsificaron actas y títulos de propiedad con el fin de transferir terrenos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) a manos privadas.
Justicia y reconstrucción del territorio
El actual gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció que 93% de los terrenos despojados ya han sido recuperados, y que el resto está en proceso judicial.
“Estas tierras regresan a su verdadero dueño: el pueblo de Nayarit. No se trata solo de dinero, sino de dignidad y justicia”, afirmó.
Navarro agregó que con la restitución de los predios y su incorporación a proyectos públicos, el valor total podría superar los 100 mil millones de pesos. Un paso decisivo hacia la recuperación del patrimonio y la transparencia institucional.
Una lección para México
El caso de Nayarit se ha convertido en símbolo nacional contra la corrupción política, demostrando que la impunidad no es eterna. Las autoridades buscan que esta acción marque el inicio de una nueva era de rendición de cuentas en los estados costeros del país, donde la especulación inmobiliaria y el poder político han ido de la mano durante décadas.
La recuperación de las playas nayaritas no solo limpia el pasado, sino que abre un horizonte de confianza para las próximas generaciones, donde el desarrollo turístico y ambiental responda al interés público y no al abuso del poder.
