En Quintana Roo, cada agente del Ministerio Público carga sobre los hombros alrededor de 160 carpetas de investigación. El número, por sí solo, podría parecer una cifra más en los registros del INEGI, pero detrás de él hay jornadas interminables, audiencias retrasadas, víctimas esperando respuestas y una sensación generalizada de que la justicia avanza, pero muy despacio.
Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el estado se encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional de carga laboral (152.7 casos por fiscal al año), pero muy por encima de sus vecinos peninsulares. Mientras en Yucatán cada fiscal lleva apenas 13 casos al año, Quintana Roo enfrenta más de diez veces esa cantidad. La diferencia es abismal.
“Cuando un fiscal tiene más de cien carpetas abiertas, lo inevitable es que algunas se queden en espera. No se trata de falta de compromiso, sino de capacidad humana”, explica la abogada penalista Laura Sandoval. “Eso genera un efecto dominó, porque las víctimas pierden confianza, los acusados alargan procesos y la justicia termina pareciendo algo inalcanzable”.
En Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta un reto estructural, revela el reporte del INEGI, pues hay más población, más turismo, más delitos, pero el mismo número de agentes. En los últimos años, la movilidad social y el crecimiento urbano han multiplicado los conflictos penales, sobre todo en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum. Aun así, la plantilla de ministerios públicos apenas ha crecido.
Desconfianza ciudadana
El mismo informe del INEGI revela que solo 50.9% de los quintanarroenses confía en su Fiscalía, uno de los porcentajes más bajos del país. En cambio, la Fiscalía General de la República alcanza 55.3% de confianza.
El contraste habla por sí solo. En muchos casos, la gente prefiere no denunciar porque asume que “no pasará nada”. Otros lo hacen, pero desisten a mitad del camino, cuando el expediente parece dormir en un archivero.
Sandoval, la especialista consultada, lo explica sin rodeos: “La justicia local se mide no solo en sentencias, sino en cercanía. Y cuando la ciudadanía siente que su denuncia se pierde, el vínculo se rompe”.
Aun con todo, hay avances. La digitalización de denuncias en línea, las unidades de atención a víctimas y la instalación de módulos itinerantes han mejorado algunos procesos. Pero el reto principal sigue siendo el mismo, pues la carga de trabajo es elevada y, mientras no se equilibre, Quintana Roo seguirá luchando con un sistema de procuración de justicia que, aunque opera todos los días, parece caminar con demasiado peso a cuestas.
Tres estados, tres realidades
Yucatán, Campeche y Quintana Roo comparten geografía, pero su sistema de procuración de justicia parece moverse a tres velocidades distintas. El primero avanza con paso firme, el segundo camina a ritmo moderado y el tercero corre con el peso de su propia carga.
En la península, el mapa de la justicia se puede leer como un espejo de la confianza social. Donde hay menos carga, hay más credibilidad, pero donde la presión se dispara, se desploma la fe en las instituciones.
La abogada Sandoval resume la ecuación con una frase sencilla: “La confianza no se decreta, se construye con resultados. Y los resultados llegan cuando hay tiempo para hacer bien el trabajo”.
Para Quintana Roo, esa afirmación suena como una advertencia. Los fiscales del estado están en una carrera contra el tiempo, pues tienen demasiadas denuncias, pocos recursos y una sociedad que exige respuestas más rápidas. Si no se refuerza la estructura, el desgaste podría ser inevitable.
YUCATÁN: LA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA
A unos kilómetros de distancia, Yucatán vive una realidad muy diferente. Aquí, cada agente del Ministerio Público atiende en promedio 13.6 casos al año, la cifra más baja de todo México. El contraste con Quintana Roo es tan fuerte que parece otro país.
El mismo estudio del INEGI coloca al estado no solo con la menor carga laboral, sino también con la mayor confianza ciudadana: 65% de la población dice confiar en su Fiscalía estatal y 69.4% en la FGR.
¿Cómo se logra eso en un país donde, en promedio, solo la mitad de los ciudadanos confía en su sistema de justicia? Las respuestas pueden ser varias, pero los especialistas coinciden en dos: estabilidad institucional y proximidad social. En Yucatán, el número de delitos por habitante es bajo y la Fiscalía estatal mantiene un esquema de atención descentralizado que permite a las víctimas acercarse sin miedo a ser ignoradas.
“El ciudadano aquí todavía ve al Ministerio Público como una autoridad cercana”, dice la abogada penalista Laura Sandoval. “En muchos lugares del país esa relación se perdió hace años, pero Yucatán la conserva gracias a un manejo administrativo más ordenado”.
El dato del INEGI también muestra que en Yucatán hay un enfoque preventivo, pues, al haber menos carga, los fiscales pueden dar seguimiento a los casos con mayor detalle, ofrecer acuerdos reparatorios más rápidos y evitar que los expedientes se acumulen.
Sin embargo, Yucatán no está exento de problemas. La saturación judicial podría aumentar si el crecimiento económico y migratorio sigue al ritmo actual. Por ahora mantiene un modelo que el resto de la península mira con envidia: pocas denuncias, atención cercana y credibilidad institucional.
CAMPECHE: ENTRE LA CALMA Y LA SOMBRA DEL REZAGO
Campeche ocupa una posición intermedia. Con 72 casos por fiscal al año y una confianza del 66.6% en su Fiscalía estatal, el panorama parece más tranquilo que en Quintana Roo, pero sin el orden que tiene Yucatán.
En este estado, el volumen de delitos es menor, pero los recursos también. En varios municipios pequeños un solo agente debe cubrir amplias zonas rurales, lo que hace que los tiempos de investigación se alarguen y las denuncias tarden en prosperar. “No es un tema de eficiencia, sino de infraestructura”, comenta la abogada Laura Sandoval. “Hay estados con pocos delitos, pero también con pocos fiscales y el equilibrio vuelve a romperse”.
La Fiscalía campechana enfrenta además otro reto, el de la falta de renovación tecnológica y de capacitación, según el INEGI. Muchos ministerios públicos siguen trabajando con herramientas básicas, sin acceso a bases de datos integradas o sistemas modernos de seguimiento. Eso se traduce en lentitud y en frustración para los ciudadanos que acuden en busca de justicia.
Aun así, la confianza ciudadana en Campeche se mantiene cerca del promedio nacional. Es un indicador modesto, pero relevante. Muestra que, a pesar de las limitaciones, la gente todavía cree en la posibilidad de una respuesta. Aquí la percepción de corrupción es menor que en otros estados y eso ayuda a sostener cierta credibilidad institucional.
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