Este 1 de junio, México votará por sus jueces en una polémica elección. Analistas advierten riesgos para la independencia judicial. Conoce los hechos sin rodeos
México se aproxima a una elección judicial sin precedentes este 1 de junio, producto de una reforma impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida, que busca «democratizar» el Poder Judicial mediante el voto popular para jueces y magistrados, ha generado un intenso debate nacional sobre sus posibles consecuencias para la independencia y la integridad del sistema de justicia.
El próximo domingo 1 de junio, los ciudadanos mexicanos participarán en un ejercicio electoral inédito: la elección de miles de jueces, juezas y magistrados, incluyendo ministros de la Suprema Corte, a través del voto popular. Esta transformación radical del sistema de nombramientos judiciales es el resultado de una reforma constitucional promulgada en 2024, la cual fue una de las iniciativas emblemáticas del anterior gobierno federal.
La “democratización» del Poder Judicial: un cambio de paradigma
La reforma, según sus proponentes, tiene como objetivo principal «democratizar» el Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio y la voluntad popular. Anteriormente, los jueces en México eran seleccionados mediante exámenes de servicio civil y con base en su experiencia y trayectoria profesional. El expresidente López Obrador argumentó que este sistema había llevado a la cooptación de los tribunales por una «élite minoritaria» que, según él, obstaculizaba los esfuerzos de transformación del país.
Esta narrativa ha encontrado eco en una parte significativa de la población. Un estudio del Pew Research Center citado en análisis sobre el tema, reveló que alrededor del 66% de los mexicanos está de acuerdo con el concepto de elegir jueces. Esta cifra refleja una desconfianza o insatisfacción considerable con el sistema anterior, percibido por muchos como cerrado, corporativista y susceptible a influencias políticas o fácticas ajenas al interés público.
Preocupaciones fundamentales: independencia y competencia en juego
A pesar del aparente respaldo popular a la idea de elegir jueces, numerosos analistas, juristas y organizaciones de la sociedad civil han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma. La principal crítica se centra en el riesgo de politización de la justicia y el menoscabo de la independencia judicial.
Stephen Kinzer, en una columna para el Boston Globe, advirtió que México «ha diseñado un ingenioso nuevo sistema que parece democrático porque se basa en elecciones, pero que de hecho puede permitir que élites corruptas dicten quién viste las togas judiciales». Esta es una de las inquietudes centrales: que las campañas electorales para cargos judiciales puedan ser financiadas o influenciadas por grupos con intereses particulares, incluyendo el crimen organizado, o que los jueces electos se sientan más comprometidos con las plataformas políticas que los postularon que con la aplicación imparcial de la ley.
Otro elemento de la reforma que ha levantado alarmas es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano tendrá la facultad de supervisar, revisar y sancionar el trabajo y las decisiones de los jueces. Críticos señalan que esto podría ejercer una presión adicional sobre los juzgadores para que se adhieran a las influencias políticas dominantes a nivel nacional, coartando su autonomía.
La idoneidad de algunos candidatos también ha sido cuestionada. Un ejemplo que ha circulado es el de Silvia Delgado García, quien fuera abogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán y que ahora hace campaña para un puesto de jueza en Chihuahua. Casos como este alimentan el temor de que personas sin la trayectoria, la independencia o la probidad necesarias puedan acceder a cargos judiciales cruciales a través del voto popular, donde la pericia legal podría no ser el principal criterio de los electores.
Riesgo de inestabilidad y disrupción en el sistema de justicia
Más allá de las preocupaciones sobre la independencia y la calidad de los futuros jueces, existen temores sobre la estabilidad misma del sistema judicial a corto y mediano plazo. El Wilson Center ha advertido que la transición podría generar una disrupción significativa. Muchos jueces en funciones han optado por renunciar ante la incertidumbre o se encuentran actualmente en campaña para conservar sus puestos.
«El hecho de que muchos jueces hayan renunciado por frustración o estén ahora frenéticamente haciendo campaña para retener sus puestos bajo gran incertidumbre significa que habrá una gran cantidad de rotación en el poder judicial mexicano en los próximos dos años. Esto podría llevar a resultados muy desafortunados, incluida la posible interrupción de miles de casos penales en curso, ya que los procedimientos deberán reiniciarse si el juez que preside pierde su elección», señaló el Wilson Center.
Esta potencial parálisis o ralentización de la justicia podría tener consecuencias graves para la ciudadanía y para la lucha contra la impunidad.
Un panorama complejo con candidaturas diversas
No obstante, el panorama de candidatos no es monolítico. Entre los aspirantes también se encuentran figuras que podrían inspirar confianza en el electorado. Un ejemplo es Delia Quiroa, candidata a jueza en el estado de Sinaloa, conocida por su activismo en favor de las familias de personas desaparecidas, siendo ella misma hermana de una víctima de desaparición forzada desde 2014. La presencia de perfiles como el de Quiroa ofrece una contraparte a las candidaturas más controvertidas y representa una esperanza para quienes ven en la elección una oportunidad de renovar el sistema con personas comprometidas con los derechos humanos y la justicia social.
El resultado de las elecciones del 1 de junio y la implementación de esta reforma serán observados de cerca tanto en México como a nivel internacional. Está en juego no solo la configuración del Poder Judicial mexicano para las próximas décadas, sino también un modelo de reforma que podría tener ecos en otros países que enfrentan debates similares sobre la legitimidad y la eficacia de sus sistemas de justicia. La tensión entre la aspiración popular de una justicia más cercana y la necesidad de salvaguardar su independencia y profesionalismo definirá el éxito o el fracaso de esta audaz transformación.
