Controversia por la necropsia de la maestra Irma Hernández
La Fiscalía General del Estado de Veracruz se pronunció formalmente sobre los señalamientos contra José Eduardo Márquez Nava, el médico que presentó la necropsia de la maestra jubilada Irma Hernández, quien fue hallada sin vida tras ser secuestrada en Álamo Temapache por presuntos integrantes de la llamada Mafia Veracruzana. La polémica estalló cuando se cuestionó la idoneidad profesional del especialista, quien fue presentado como médico legista sin tener un título en medicina forense.
El caso ha generado fuerte repercusión mediática y social debido a las circunstancias violentas del crimen, así como por el contexto en que fue revelado el dictamen oficial sobre la causa de muerte.
¿Quién es José Eduardo Márquez Nava y cuál es su formación?
La gobernadora Rocío Nahle presentó a Márquez Nava como médico legista durante una conferencia de prensa, donde detalló que la causa de muerte de la maestra fue un infarto derivado de la violencia que sufrió. No obstante, medios de comunicación y usuarios en redes sociales cuestionaron la formación del médico, al notar que en el Registro Nacional de Profesionistas solo aparece como médico cirujano, sin constancia de una especialidad forense.
En respuesta, la Fiscalía de Veracruz emitió un comunicado en el que afirmó que Márquez Nava cuenta con acreditación de Evaluación de Control y Confianza vigente, registrada en el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, lo que lo avala como perito médico. También se indicó que tiene conocimientos en medicina y patología forense, suficientes para realizar dictámenes conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular los artículos 368 y 369.
Lo que dijo el médico sobre la muerte de Irma Hernández
Durante su participación ante los medios, Márquez Nava detalló que el cuerpo de Irma Hernández presentaba múltiples lesiones visibles. “En el análisis externo pudimos observar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. En el análisis interno, las alteraciones se centraban en el corazón, no se encontraban en cráneo ni abdomen”, afirmó.
Estas declaraciones coincidieron con lo expresado por la gobernadora, quien insistió en que el deceso fue por un infarto tras ser violentada: “Esa fue la realidad, les guste o no les guste. Yo tengo que informar”, señaló Nahle, defendiendo la postura oficial pese a la presión pública y los cuestionamientos.
La preocupación pública por la transparencia y la legalidad
La principal inquietud que surgió tras la intervención del médico no fue solo por su diagnóstico, sino por la falta de claridad en su perfil profesional. La ausencia de una especialidad registrada en medicina forense generó dudas sobre la legalidad y validez del dictamen en un caso tan delicado, donde la víctima fue obligada a aparecer en un video previo a su muerte, aparentemente bajo amenaza.
La fiscalía trató de cerrar el tema argumentando que la experiencia profesional de Márquez Nava, junto con su acreditación vigente y su participación conforme a los protocolos periciales, legitiman el procedimiento realizado y sus conclusiones.
El contexto del caso: violencia y crimen organizado
El cuerpo de Irma Hernández fue localizado el 18 de julio en un narcocampamento. Días antes, se había viralizado un video en el que aparecía visiblemente coaccionada, advirtiendo a otros taxistas sobre el pago de “cuotas” a la organización delictiva. Su asesinato fue atribuido a presuntos integrantes de un grupo criminal vinculado con extorsión en la región norte de Veracruz.
El caso se suma a una escalada de violencia que afecta a múltiples sectores sociales, incluidos trabajadores del transporte, docentes y comerciantes. La sociedad civil ha exigido justicia, transparencia y garantías legales para evitar que este tipo de crímenes queden impunes o sean tratados con ligereza técnica o política.
Entre la legalidad técnica y la confianza pública
Aunque la Fiscalía de Veracruz ha intentado disipar las dudas en torno al rol del médico en la necropsia de Irma Hernández, la controversia pone en evidencia una preocupación más profunda: la necesidad de profesionalismo, transparencia y claridad institucional en contextos marcados por la inseguridad y la violencia. En un país donde las víctimas del crimen organizado se cuentan por miles, la exigencia de que cada caso se maneje con el máximo rigor es no solo legalmente necesaria, sino éticamente ineludible.
