La detención de Luis Rey Villagrán García, reconocido defensor de migrantes y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., ha encendido una nueva controversia sobre el papel del gobierno mexicano en la gestión de la migración y la defensa de los derechos humanos.
Villagrán fue arrestado este martes por agentes federales cuando organizaba una nueva caravana de aproximadamente mil 500 migrantes que partiría de Tapachula rumbo a la Ciudad de México. Su objetivo era denunciar los abusos cometidos por las autoridades migratorias y visibilizar la corrupción en el sistema de asilo y refugio.
Una caravana que incomodó al poder
Antes de su aprehensión, Villagrán acusó públicamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de obstaculizar deliberadamente los trámites de refugio para quienes no cuentan con recursos económicos, favoreciendo a quienes pagan a intermediarios.
“El único delito de Luis es decir la verdad”, denunció Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblos sin Fronteras, quien afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación está criminalizando a los defensores de derechos humanos.
La caravana que él lideraba continúa en pie, aseguran los migrantes, pese a su detención.
Sheinbaum responde: “No es un activista”
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante:
“No es un activista, tenía una orden de aprehensión vigente por tráfico de personas”.
Sheinbaum explicó que la orden judicial contra Villagrán existía desde hace varios años y que su arresto forma parte de un proceso legal por delitos relacionados con trata de personas, no por su activismo.
Estas declaraciones contrastan con los múltiples antecedentes en los que Villagrán ha acompañado a migrantes desde la frontera sur hasta Oaxaca y otras entidades, documentando presuntos abusos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
¿Activismo o delito? La polémica está servida
En 2022 y 2023, Villagrán caminó junto a miles de migrantes procedentes de más de 120 países, en su mayoría en situación vulnerable. Su labor fue ampliamente documentada por medios nacionales e internacionales. Sin embargo, también enfrentó denuncias por parte de algunos migrantes que lo acusaban de extorsión.
La detención ocurre en un contexto donde el acceso al refugio es cada vez más difícil, y los migrantes denuncian prácticas institucionales que favorecen a quienes pueden pagar gestores. La situación ha generado que muchos extranjeros opten por salir de Tapachula rumbo al norte del país, a pesar de los riesgos.
Acusaciones cruzadas y una lucha por la narrativa
Mientras el gobierno insiste en que se trata de un cumplimiento judicial legítimo, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas sostienen que es un mensaje de intimidación.
Irineo Mujica lo resumió así:
“Si quieren justicia, que sigan el dinero. Las cuentas del INM mostrarán quiénes son los verdaderos traficantes”.
La narrativa está dividida: por un lado, el Estado señala delitos graves; por otro, activistas ven una estrategia para silenciar voces incómodas en un año clave para la política migratoria mexicana.
