La lucha por el control del espacio público en la Ciudad de México tiene un nuevo y polémico capítulo. Una propuesta legislativa para sancionar con hasta 36 horas de arresto a los «franeleros» ha encendido el debate: ¿es una medida necesaria para la seguridad o una ley que criminaliza la pobreza?
El Congreso de la Ciudad de México se ha convertido en el escenario de una de las discusiones más polarizantes de la nueva administración: una iniciativa de ley que busca imponer sanciones de arresto de hasta 36 horas a los «franeleros» o «viene-viene» que intimiden, amenacen o exijan cuotas a los automovilistas por estacionarse en la vía pública.
La propuesta, que se alinea con la estrategia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para poner «alto a franeleros y al uso irregular del espacio público», ha dividido opiniones drásticamente. Por un lado, es aplaudida por ciudadanos y grupos que se sienten víctimas de extorsión y ven en ella una herramienta para recuperar la seguridad y el orden en las calles. Por otro, es duramente criticada por activistas y organizaciones de derechos humanos, que la consideran una medida punitiva que ataca las consecuencias de la desigualdad en lugar de sus causas.
El Choque de Visiones: Orden vs. Justicia Social
Este debate es un clásico «tema cuña» en la política urbana, una cuestión que fractura a la opinión pública y revela dos visiones contrapuestas sobre cómo gobernar la ciudad.
* La Visión de la Seguridad y el Orden: Los defensores de la ley argumentan que la actividad de los franeleros ha escalado de un servicio informal a una red de extorsión que se apropia del espacio público. Sostienen que la medida es necesaria para proteger el derecho de los ciudadanos a transitar y estacionarse libremente sin ser coaccionados. Para este sector, la ley es un acto de autoridad para restablecer el Estado de derecho en las calles.
* La Visión de la Justicia Social: Los críticos, por su parte, advierten que esta iniciativa es un claro ejemplo de criminalización de la pobreza. Argumentan que la mayoría de los franeleros son personas que no encuentran oportunidades en el mercado laboral formal y que recurren a esta actividad como único medio de subsistencia. Sancionarlos con arresto, afirman, es castigar a los más vulnerables sin ofrecerles ninguna alternativa viable, como programas de empleo o capacitación.
«La propuesta busca sancionar a franeleros que amenacen, golpeen o cobren cuotas por usar la vía pública para estacionarse a automovilistas en la CDMX.» – Resumen de la iniciativa.
¿Una Solución Real o un Parche Punitivo?
La pregunta fundamental que subyace en esta discusión es si una medida punitiva como el arresto puede solucionar un problema social tan complejo. Expertos en derechos humanos y relatores de la ONU sobre pobreza extrema han advertido repetidamente que las leyes que penalizan la falta de vivienda o las actividades económicas de supervivencia no resuelven los problemas de fondo y, a menudo, exacerban el ciclo de la pobreza y la exclusión.
El gobierno de Clara Brugada se enfrenta al reto de equilibrar la legítima demanda ciudadana de seguridad con la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas que no dejen atrás a los sectores más desfavorecidos. La discusión de la «ley anti-franeleros» será un termómetro clave para medir cuál de estas dos visiones prevalecerá en la capital del país.
