Prometía ser la solución al caos vial de Gonzalitos y Gómez Morín, pero la Interconexión Monterrey-San Pedro está hoy en el limbo. Una firma faltante del gobierno estatal la tiene frenada, en un claro ejemplo de cómo la política puede ser el peor enemigo del progreso.
Es uno de los proyectos de infraestructura más esperados y necesarios para el área metropolitana más pujante de México: la Interconexión Vial Monterrey-San Pedro. Una serie de viaductos y conexiones diseñados para unir Morones Prieto con Lázaro Cárdenas y ofrecer una alternativa al tráfico infernal que colapsa diariamente las avenidas Gonzalitos y Gómez Morín. Sin embargo, la megaobra es hoy un monumento a la parálisis política.
El proyecto, defendido por los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza, y de San Pedro, Mauricio Fernández, como una iniciativa de beneficio metropolitano, está detenido por una razón que raya en lo absurdo: la falta de una firma.
Un Convenio Faltante Frena el Progreso
Según ha denunciado públicamente el alcalde sampetrino Mauricio Fernández, todo está listo para arrancar, pero el proyecto no puede iniciar porque el gobierno del Estado de Nuevo León no ha firmado el convenio de colaboración correspondiente.38 Esta omisión administrativa, que a todas luces parece un obstáculo político, mantiene en jaque una obra que podría beneficiar a cientos de miles de automovilistas.
La situación es aún más desconcertante considerando que el propio gobierno estatal se comprometió a financiar parte de la obra, con una aportación de 200 millones de pesos a ser distribuidos entre 2025 y 2026.
«Nos falta un documento rubricado para iniciar el proyecto. Es un problema técnico que impide el comienzo», señaló Mauricio Fernández, evidenciando la frustración municipal ante la inacción estatal.
Infraestructura como Rehén Político
El caso de la interconexión es un claro ejemplo de cómo la infraestructura crítica puede convertirse en rehén de las disputas políticas. Con el apoyo de los dos municipios más importantes de la metrópoli y con financiamiento parcial comprometido, el único obstáculo visible es un trámite burocrático que depende de un nivel de gobierno diferente al de los promotores.
Esto sugiere que el retraso no es de naturaleza técnica ni financiera, sino una manifestación de los conflictos y la falta de sintonía entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Mientras los políticos miden sus fuerzas, los ciudadanos pagan el precio con horas perdidas en el tráfico, mayor contaminación y una calidad de vida mermada.
El desarrollo urbano de la capital industrial de México queda así supeditado a los vaivenes de la política. La interconexión, que debería ser un símbolo de modernidad y colaboración, se está convirtiendo en un símbolo de la discordia y la ineficiencia gubernamental, un puente roto antes siquiera de ser construido.
¿Crees que los conflictos políticos están frenando el desarrollo de Monterrey?
