La reciente decisión de jueces federales de no imponer un brazalete electrónico a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’, presunto líder del Cártel del Golfo, ha generado indignación en diversos sectores. Este caso destaca por la prórroga que le permite evadir medidas de control impuestas tras su liberación.
La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha señalado a los jueces Enrique Beltrán Santes y Gregorio Salazar Hernández como responsables de esta controvertida resolución. Ambos jueces enfrentan posibles procesos legales por haber permitido que el sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien está en proceso de extradición a Estados Unidos, permanezca sin el monitoreo adecuado.
Decisiones judiciales bajo escrutinio
El 26 de diciembre de 2024, el juez Enrique Beltrán Santes otorgó una prórroga que pospone las medidas cautelares para ‘El Contador’ hasta febrero de 2025. Esta decisión sigue al fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, quien el pasado 20 de noviembre liberó al acusado argumentando la falta de pruebas de la FGR para justificar la prisión preventiva oficiosa.
Contexto clave:
- Según la FGR, ‘El Contador’ representa un riesgo de fuga debido a su posición de liderazgo en el Cártel del Golfo y los recursos a su disposición.
- Sin embargo, los jueces consideraron que no había elementos suficientes para justificar un riesgo de evasión.
Medidas cautelares insuficientes
Aunque no se le colocó un brazalete electrónico, ‘El Contador’ debe cumplir con las siguientes medidas cautelares:
- Presentarse semanalmente en la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas.
- Garantía económica: Pagar 5 millones de pesos en cinco días hábiles tras su liberación.
- Prohibición de salida del país sin autorización judicial.
- Entrega de pasaportes a la SRE, incluidos los vencidos.
- Restricción de acceso: No acercarse a la Embajada de Estados Unidos ni a las víctimas.
- Supervisión constante por una autoridad designada.
A pesar de estas medidas, la ausencia de un localizador electrónico genera dudas sobre la eficacia del control judicial y las posibles implicaciones en el proceso de extradición.
Resoluciones judiciales previas
El juez Gregorio Salazar Hernández no es ajeno a la polémica. En enero de 2023, fue señalado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, por ordenar la liberación de Mario Alberto ‘N’, otro sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Estos antecedentes refuerzan las críticas hacia su gestión en casos de alto perfil.
¿Qué sigue para el caso de ‘El Contador’?
La FGR insiste en que la falta de medidas efectivas para monitorear a ‘El Contador’ representa un grave riesgo para el sistema de justicia. Por ello, busca establecer un proceso legal contra los jueces responsables.
Este caso pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema judicial mexicano y su vulnerabilidad frente a figuras del crimen organizado. Además, deja en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia en casos sensibles.
La decisión de no imponer un localizador electrónico a ‘El Contador’ es una alerta sobre la necesidad de reforzar los protocolos judiciales en México. Mientras tanto, la ciudadanía y las autoridades continúan esperando respuestas claras en un caso que refleja las complejidades del combate al crimen organizado.
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