La CURP será requisito indispensable para trámites en IMOVEQROO, validando identidad y fortaleciendo la movilidad segura
Con el objetivo de fortalecer la identificación ciudadana y garantizar trámites más seguros y eficientes, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Población (Renapo), firmaron un convenio de coordinación para adoptar de manera obligatoria la Clave Única de Registro de Población (CURP) en todos los trámites relacionados con licencias y permisos de conducir.
Este acuerdo permitirá que el Imoveqroo tenga acceso en tiempo real a la Base de Datos Nacional de la CURP, lo que facilitará validar la identidad de las personas interesadas en obtener o renovar su licencia, además de evitar fraudes o suplantaciones de identidad.
¿Por qué deben los ciudadanos proporcionar la CURP?
La CURP es una clave personal que identifica de forma única a cada persona en México. Se forma con datos del acta de nacimiento y es esencial para acceder a múltiples servicios gubernamentales, educativos, bancarios y de salud. En el caso del Imoveqroo, presentar la CURP permitirá validar que los datos del solicitante coincidan con los registros oficiales, lo que garantiza que el documento se expida a la persona correcta.
Además, es un paso necesario para mantener actualizada la base estatal de movilidad, la cual contiene información sobre licencias, permisos, infracciones y operadores del transporte público.
Trámite más ágil y seguro
Con este convenio, los usuarios podrán tener la certeza de que su información está correctamente registrada y protegida. En caso de que la CURP no esté certificada, el IMOVEQROO brindará orientación para que las personas puedan acudir al Registro Civil correspondiente a regularizar su situación.
Asimismo, el instituto tendrá la responsabilidad de reportar mensualmente su consumo de consultas al sistema CURP y de verificar que los datos personales estén protegidos y se usen exclusivamente con fines legales.
El convenio, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, contempla sanciones para el uso indebido de los datos, como la suspensión del servicio en caso de detectar anomalías, uso con fines de lucro o vulneración a la confidencialidad.
