Iglesia católica en México alza la voz por nueva regulación digital
La tensión crece entre la Iglesia católica y el Congreso mexicano. Esta semana, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la iniciativa presentada por el diputado Arturo Ávila, que busca modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para incluir el control de contenidos digitales emitidos por ministros, asociaciones o personas creyentes.
El debate no solo se centra en un tema técnico o administrativo, sino en un principio fundamental: la libertad de expresión religiosa en la era digital.
Qué propone la iniciativa que causa polémica
El proyecto legislativo adiciona un párrafo al artículo 16 de la ley vigente para obligar a los operadores de medios digitales religiosos —como canales de YouTube, perfiles de redes sociales o sitios web parroquiales— a acatar lineamientos que serían emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).
De aprobarse, dichos lineamientos deberían asegurar el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio. Sin embargo, lo que para algunos podría parecer una medida preventiva contra la desinformación, para la Iglesia representa una amenaza directa a su autonomía comunicativa.
La reacción de la Iglesia: “una ley mordaza digital”
Desde la CEM, la respuesta fue contundente. La calificaron como un “yugo para la libertad de expresión religiosa”, asegurando que bajo el argumento de evitar el odio o la desinformación se podría establecer un control inédito sobre el discurso espiritual en plataformas digitales.
“Es la única regulación de contenido tan específica para un grupo social”, señaló un vocero de la organización civil Actívate.org.mx, al advertir que la iniciativa podría abrir la puerta a la censura de mensajes religiosos considerados “inconvenientes” por las autoridades.
Plazos y alcances del proyecto legislativo
El documento propone un plazo de 90 días para que el gobierno federal emita los lineamientos de regulación y hasta 180 días para que las asociaciones religiosas o ministerios que operen a través de terceros se adapten a las nuevas normas.
Esto implicaría que parroquias, diócesis, congregaciones y comunicadores de fe tendrían que modificar su forma de compartir contenido digital, desde transmisiones de misas hasta reflexiones teológicas o mensajes sociales, con el riesgo de sanciones si no cumplen con la normativa.
Un debate que trasciende la religión
La discusión ya trascendió los muros de la Iglesia. Diversas organizaciones civiles y académicas han advertido que esta reforma podría representar un precedente peligroso para la regulación del discurso en internet, no solo en temas religiosos sino también políticos y sociales.
“El problema es que, una vez que el Estado asume la facultad de decidir qué contenido digital es adecuado, abre la puerta al control del pensamiento”, alertó un especialista en libertad de expresión.
Campañas ciudadanas para frenar la propuesta
Ante la polémica, varias organizaciones comenzaron a reunir firmas digitales para detener el avance del proyecto. Bajo el lema “Fe libre, expresión libre”, la iniciativa ciudadana busca presionar al Congreso para que retire la propuesta antes de su votación en comisiones.
Según los promotores, aprobar esta ley significaría un retroceso de décadas en materia de derechos digitales y libertad de expresión, comparando su alcance con los mecanismos de control mediático del siglo pasado.
Un reto para el equilibrio entre Estado laico y libertad de fe
El contexto político añade más complejidad. México, con su historia de separación entre Iglesia y Estado, enfrenta ahora un nuevo desafío: cómo mantener ese equilibrio en un entorno digital donde los mensajes religiosos ya no se limitan a los templos, sino que circulan a diario en plataformas globales.
La pregunta que queda abierta es si el Estado busca proteger a los ciudadanos del discurso de odio o si, bajo ese argumento, intenta silenciar a las voces religiosas que cuestionan ciertas políticas públicas.
Un futuro incierto para la comunicación religiosa
Mientras la propuesta sigue su curso legislativo, la Iglesia católica ha reiterado su disposición al diálogo, pero también su firme postura de defender su derecho a expresarse libremente en el entorno digital.
El resultado de esta discusión marcará un precedente para todos los actores que utilizan internet como medio de fe, educación o reflexión social. La batalla por la libertad digital de los creyentes apenas comienza, y su desenlace podría redefinir los límites entre lo sagrado y lo cívico en la era tecnológica.
