Quintana Roo destinó casi 70 millones de pesos a la contratación de un seguro contra daños catastróficos que contempla coberturas de hasta 260 millones de pesos, mediante un esquema diseñado para liberar recursos cuando los huracanes alcanzan determinadas condiciones de intensidad.

Sin embargo, los 70 millones de pesos no representan una bolsa de recursos disponible para entregarse directamente después de una emergencia, sino el costo de una póliza que establece parámetros específicos para determinar cuándo corresponde una indemnización y por qué cantidad.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Quintana Roo, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Martha Parroquín Pérez, explicó que el seguro contempla una cobertura de hasta 200 millones de pesos para infraestructura pública, 20 millones por lluvias y 40 millones para arrecifes.

Aunque estos conceptos suman una protección anunciada de hasta 260 millones de pesos, cada uno responde a condiciones distintas, por lo que no significa que el Gobierno del Estado recibirá automáticamente la totalidad de ese dinero cuando se presente un huracán o una emergencia meteorológica.

La contratación forma parte de los proyectos financiados mediante el Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, mecanismo que administra recursos vinculados a la actividad de cruceros y los destina a infraestructura, proyectos turísticos y medidas de prevención y atención de desastres.

Los 70 millones compraron cobertura, no una indemnización fija

El seguro contratado por el Gobierno de Quintana Roo corresponde a una póliza paramétrica de daños catastróficos, un mecanismo que permite liberar recursos económicos cuando un fenómeno meteorológico alcanza determinados niveles de intensidad.

De acuerdo con el procedimiento de licitación SEGOB-SEMA/COEPROC/LPN/ADQ/001/2025, el contrato fue adjudicado a la empresa Seguros Ve por Más por un monto de 69 millones 993 mil 249 pesos.

La póliza tuvo una vigencia del 2 de julio de 2025 al 1 de julio de 2026, periodo durante el cual el estado contó con protección financiera ante determinados fenómenos hidrometeorológicos.

A diferencia de los seguros tradicionales, que requieren evaluar los daños ocasionados después de un desastre, las pólizas paramétricas utilizan indicadores previamente establecidos para determinar si corresponde liberar una indemnización.

En este caso, uno de los principales parámetros fue la velocidad del viento registrada dentro del área asegurada.

Los documentos de licitación establecen una escala de pagos que comienza en 10 millones de pesos cuando se alcanza el primer nivel de activación y aumenta conforme crece la intensidad del fenómeno.

Por ejemplo, cuando los vientos alcanzan o superan los 180.247 kilómetros por hora, el esquema contempla una indemnización de 40 millones de pesos.

En cambio, para alcanzar la cobertura máxima de 200 millones de pesos, la velocidad del viento debe llegar al menos a 246.230 kilómetros por hora dentro del polígono establecido en el contrato.

Esto significa que la presencia de un huracán no garantiza por sí sola el pago de los 200 millones de pesos, ya que la cantidad depende de las condiciones registradas y de los criterios definidos en la póliza.

¿Qué infraestructura protege el seguro contra huracanes?

La cobertura está dirigida principalmente a proteger infraestructura pública que puede resultar afectada por fenómenos meteorológicos extremos.

Entre los bienes contemplados se encuentran carreteras estatales y municipales, puentes, alcantarillas, infraestructura hidráulica, instalaciones de salud, escuelas y espacios deportivos.

Estos elementos forman parte de los servicios que pueden sufrir daños importantes durante el paso de un huracán, principalmente por los fuertes vientos y las lluvias intensas.

La finalidad del seguro es contar con una herramienta financiera que permita disponer de recursos para atender afectaciones cuando se cumplan los parámetros establecidos.

Además de la cobertura principal por viento, el contrato incorporó una protección específica por lluvias atípicas, con un límite de hasta 20 millones de pesos.

Este componente representa una alternativa de respuesta ante precipitaciones extraordinarias que pueden provocar inundaciones y daños en infraestructura pública.

Sin embargo, al igual que ocurre con la cobertura por viento, la indemnización depende de las condiciones establecidas en el contrato y no de la sola presencia de lluvias fuertes.

Arrecifes de Quintana Roo también cuentan con protección

Durante su comparecencia, Martha Parroquín Pérez también señaló una cobertura de hasta 40 millones de pesos destinada a los arrecifes de Quintana Roo.

Esta protección busca atender posibles afectaciones a ecosistemas marinos que cumplen una función importante para el estado, tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

Los arrecifes funcionan como barreras naturales que ayudan a disminuir la fuerza del oleaje y contribuyen a proteger las costas frente a fenómenos meteorológicos.

También representan uno de los principales atractivos turísticos del Caribe mexicano, especialmente en destinos como Cozumel, Puerto Morelos y la Costa Maya.

Su deterioro puede generar consecuencias para las actividades turísticas, la biodiversidad marina y la protección natural de las playas.

No obstante, Quintana Roo cuenta con otros mecanismos de aseguramiento ambiental que deben distinguirse de la póliza de casi 70 millones de pesos.

Para la temporada de huracanes de 2026, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente informó sobre un seguro diferente, con un costo aproximado de nueve millones de pesos y una cobertura de hasta 40 millones para playas y arrecifes desde Xcalak hasta Holbox.

También existe un esquema regional impulsado mediante MAR Fund para proteger arrecifes en Puerto Morelos, Cozumel, Banco Chinchorro y Xcalak.

Aunque estos instrumentos comparten el objetivo de proteger los ecosistemas costeros, corresponden a contrataciones y mecanismos distintos, por lo que sus coberturas no deben confundirse ni sumarse automáticamente.

¿De dónde salieron los recursos para pagar el seguro?

La contratación del seguro se encuentra vinculada al Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, un mecanismo creado para administrar recursos provenientes de la actividad de cruceros en Quintana Roo.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno, durante 2025 se contempló una inversión de 70 millones de pesos para la contratación del seguro contra daños catastróficos.

Estos recursos forman parte de una cartera de proyectos financiados mediante el fideicomiso, que también contempla inversiones en infraestructura, seguridad, mejoramiento urbano y protección ambiental.

El mecanismo destina parte de los recursos recaudados por concepto de turismo de cruceros a medidas de prevención y atención de desastres, mientras que otra proporción se utiliza para financiar proyectos relacionados con el desarrollo turístico.

En abril de 2026, La Verdad Noticias informó sobre la aprobación de siete proyectos estratégicos para Cozumel y Mahahual, entre los cuales se encontraba precisamente la contratación de un seguro paramétrico contra daños catastróficos.

En aquella sesión también se aprobaron proyectos de rehabilitación de espacios públicos, fortalecimiento de los cuerpos de emergencia y estudios para la recuperación de playas.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo incluye al Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista dentro de sus instrumentos de programación presupuestal para 2026, lo que permite identificar su participación en la administración de recursos vinculados a la actividad turística.

Cozumel y Mahahual, entre los destinos beneficiados

El fideicomiso tiene una relación directa con Cozumel y Mahahual, dos de los principales destinos receptores de cruceros en Quintana Roo.

Los recursos provenientes de esta actividad se utilizan para impulsar proyectos que permitan mejorar la infraestructura y los servicios públicos en las comunidades que reciben visitantes.

Entre las inversiones contempladas se encuentran obras de rehabilitación urbana, mejoramiento de espacios turísticos y acciones relacionadas con la seguridad.

En abril, La Verdad Noticias documentó la visita de representantes de las principales líneas de cruceros a Cozumel, quienes participaron en actividades de supervisión y seguimiento de los proyectos financiados mediante el fideicomiso.

La importancia de estos recursos también está relacionada con el crecimiento de la actividad turística marítima y la necesidad de mantener infraestructura adecuada para recibir visitantes.

En ese contexto, La Verdad Noticias ha dado seguimiento a las inversiones del fideicomiso para fortalecer el desarrollo turístico de Cozumel y Mahahual, donde también se han contemplado acciones de protección ambiental y atención de emergencias.

¿Qué pasa si un huracán afecta Quintana Roo?

La contratación de un seguro paramétrico permite establecer anticipadamente las condiciones bajo las cuales el estado podría recibir recursos económicos después de un fenómeno meteorológico.

Sin embargo, para que esto ocurra, el evento debe cumplir con los parámetros definidos en el contrato.

En el caso de la cobertura principal, el elemento determinante es la velocidad del viento dentro del polígono asegurado.

Si el fenómeno alcanza alguno de los niveles establecidos, se determina la indemnización correspondiente conforme a la escala prevista.

Esto significa que el estado podría recibir una cantidad menor al límite máximo, dependiendo de la intensidad registrada.

También es importante considerar que la póliza contratada en 2025 concluyó su vigencia el 1 de julio de 2026, por lo que la existencia de esa contratación no demuestra que la misma protección continúe vigente actualmente.

Para establecer si Quintana Roo mantiene las mismas coberturas durante el resto de la temporada de huracanes de 2026, sería necesario conocer una renovación o una nueva contratación.

De esta manera, los casi 70 millones de pesos destinados al seguro representan el costo de una herramienta de protección financiera, no una indemnización entregada al Gobierno del Estado.

La diferencia es importante: el seguro permite contar con una posible fuente de recursos ante determinados desastres, pero el monto que podría recibirse depende de las condiciones de activación y de la vigencia de cada cobertura.