Mientras miles de familias en Nuevo León sufren por la escasez y los cortes programados, una red masiva y silenciosa de «huachicoleo del agua» opera a plena luz del día, saqueando el recurso a través de tomas y pozos ilegales. Esta práctica criminal no solo agrava la crisis hídrica, sino que representa una pérdida económica millonaria y una amenaza directa al bienestar de la población.
El término «huachicoleo», asociado al robo de combustible, ha encontrado un nuevo y doloroso significado en Nuevo León. No se trata de un problema menor o de unos cuantos vecinos conectándose sin permiso. Es un sistema de saqueo organizado que involucra a particulares, ranchos, quintas y empresas, y que drena los recursos hídricos del estado de forma ilegal y descontrolada.
Las Cifras del Saqueo: Un Escándalo Documentado
Los datos oficiales del propio Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) pintan un cuadro alarmante. Un reporte que abarca desde el año 2000 hasta julio de 2022 documentó un total de 158,664 tomas ilegales solo en la Zona Metropolitana de Monterrey.
El impacto de este robo masivo es devastador:
* Pérdida de agua: Se estima que el 28% del agua que se consume en la entidad se pierde a través de fugas y tomas clandestinas.
* Pérdida económica: Esta fuga de recursos equivale a 134 millones de metros cúbicos anuales, lo que se traduce en una pérdida económica superior a los 2,150 millones de pesos al año para el erario público.
* Picos de ilegalidad: El año con mayor número de registros fue 2021, con 12,855 casos detectados, coincidiendo con uno de los periodos más severos de la sequía.
El Modus Operandi: Pozos Ilegales y Venta en Pipas
El problema va más allá de las conexiones directas a la red. Las autoridades estiman la existencia de alrededor de 1,000 pozos ilegales en el estado. Estos pozos, muchos ubicados en ranchos y quintas privadas, extraen agua del subsuelo sin ningún tipo de autorización ni control.
«Estos pozos se presumen están ubicados en ranchos y quintas, donde los propietarios comercializan el agua sin ningún control ni regulación, constituyendo un delito federal.» – Reportaje de El Mañana.
El agua extraída ilegalmente a menudo se comercializa a través de camiones cisterna (pipas), creando un mercado negro que lucra directamente con la necesidad de la gente. En operativos, las autoridades han detectado y sancionado casos flagrantes, como bodegas conectadas de forma fraudulenta que abastecían a otros siete locales, negocios de venta de pollos e incluso madererías.
En un caso particularmente grave durante la sequía de 2022, el propio gobernador Samuel García encabezó un operativo que detectó una toma clandestina que sustraía agua directamente de la presa «El Cuchillo» en un volumen equivalente al consumo de 140,000 habitantes del municipio de García.
Una Amenaza a la Seguridad y la Equidad
El «huachicoleo del agua» no es solo un delito económico; es una profunda injusticia social y una amenaza a la seguridad pública. Mientras la ciudadanía es llamada a racionar el consumo y enfrenta las consecuencias de la escasez, actores con poder económico y logístico explotan el recurso para su propio beneficio.
Esta práctica ilegal rompe cualquier principio de distribución equitativa y sostenible. El agua que se roba es agua que no llega a los hogares, hospitales y escuelas. La existencia de este mercado negro fomenta la corrupción y puede incluso atraer la atención de grupos del crimen organizado, como ha ocurrido con el robo de hidrocarburos.
Aunque las autoridades han implementado medidas como la instalación de medidores y la clausura de tomas, la magnitud del problema evidencia la necesidad de una estrategia mucho más contundente, con sanciones ejemplares y una fiscalización permanente. La lucha por el agua en Nuevo León no es solo contra la sequía, sino también contra una red de saqueo que debe ser desmantelada para garantizar el futuro hídrico del estado.
