Quintana Roo ha marcado un precedente en la lucha contra la violencia digital. El fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, anunció la primera sentencia condenatoria en la entidad por este delito, en contra de Eduardo Augusto, de 22 años y originario de Yucatán. El juez de juicio oral emitió el fallo el pasado 18 de febrero, y este martes 25 de febrero se determinará la pena definitiva, que podría ser de hasta 12 años de prisión.
Los hechos que llevaron a esta resolución se remontan al 28 de septiembre de 2020, cuando Eduardo Augusto compartió sin consentimiento un video íntimo de la víctima, quien en ese entonces era su pareja sentimental, en el municipio de José María Morelos. La difusión no se detuvo allí. En octubre y noviembre de 2021, el sentenciado compartió el material a través de WhatsApp con un amigo, y el 28 de febrero de ese mismo año, el video fue distribuido a otros dispositivos y finalmente publicado en la página de Facebook “Unidos en José María Morelos”.
El caso adquirió mayor relevancia debido a las circunstancias que rodeaban a la víctima. El juez consideró que, al momento de los hechos, la afectada era una estudiante de origen maya y que su identidad cultural, así como factores como raza, género, clase social, orientación sexual, estatus migratorio y posible condición de discapacidad, acentuaron el daño causado. Esta evaluación permitió que se estableciera una mayor afectación psicológica y social en la víctima, lo que fortaleció la acusación en contra del imputado.
El delito por el que se le juzga a Eduardo Augusto se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado y su condena podría sentar un precedente importante para futuros casos en la entidad y el país. “Se trata de un asunto en verdad muy relevante, la primera sentencia condenatoria dictada por violencia digital en el estado de Quintana Roo”, dijo el fiscal Raciel López Salazar.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital en México es un problema que ha ido en aumento con el crecimiento del uso de internet y las redes sociales. Se refiere a cualquier acto de acoso, hostigamiento, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento o cualquier otro tipo de agresión que ocurra en entornos digitales y afecte la dignidad, privacidad o seguridad de las personas.
El primer gran avance en la penalización de la violencia digital ocurrió con la Ley Olimpia, un conjunto de reformas que comenzaron a aprobarse a nivel estatal desde 2018 y que finalmente fueron incluidas en el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2021. Esta legislación nació a raíz de la lucha de Olimpia Coral Melo, quien sufrió la difusión no autorizada de un video íntimo y convirtió su experiencia en un movimiento nacional para proteger a las víctimas.
Con la Ley Olimpia, la difusión de contenido sexual sin consentimiento, la sextorsión y otros delitos relacionados con la violencia digital pueden ser castigados con penas que van de tres a seis años de prisión, aunque en algunos estados, dependiendo de las circunstancias del caso, las penas pueden aumentar hasta 12 años, como en la reciente sentencia histórica en Quintana Roo.
