La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con las autoridades, estas operaciones ilícitas representan un daño estimado al erario de 16 mil millones de pesos.
Denuncias por huachicol contra personas físicas y morales
Las denuncias fueron interpuestas por la Procuraduría Fiscal de la Federación entre abril de 2023 y septiembre de 2025. Se trata de casos que involucran a personas físicas y morales señaladas por importación y comercialización ilegal de combustibles.
Este esfuerzo, detalló Hacienda, forma parte de una estrategia conjunta con el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y otras dependencias federales para cerrar espacios a la evasión fiscal.
“Cero impunidad” en delitos fiscales
Durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, destacó que estas acciones ya se reflejan en los ingresos tributarios. Señaló que la recaudación por aduanas aumentó 22% en el último periodo.
“De 2007 a 2012, la recaudación promedio fue de 261 mil 160 millones de pesos. Este año esperamos alcanzar 1 billón 331 mil millones. Esto no es casualidad, sino producto del cierre de espacios a la evasión y a las prácticas ilegales”, afirmó.
El funcionario reiteró que la política de Hacienda es de “cero impunidad” frente a los delitos fiscales.
Aunque se han logrado avances, Amador reconoció que el huachicol fiscal sigue activo, incluso con la reciente vinculación de personal de la Secretaría de Marina (Semar) en investigaciones relacionadas con este delito.
Por ello, subrayó que se mantendrá vigilancia en puntos de entrada, cadenas de suministro y estructuras logísticas ligadas al contrabando de hidrocarburos.
Cooperación internacional
El titular de Hacienda también recordó que México firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para intercambiar información sobre exportaciones de gasolina.
El objetivo es identificar y desarticular a los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.Con estas medidas, el gobierno federal busca consolidar un esquema de mayor transparencia, control aduanero y rendición de cuentas para frenar la pérdida de ingresos públicos por el contrabando de combustibles.
