El gobierno de la Ciudad de México enfrenta un complejo desafío legal. Una deuda millonaria originada en 1999 durante la gestión de Alejandro Gertz Manero como secretario de Seguridad Pública sigue generando repercusiones. Recientemente, un juez federal determinó que el gobierno capitalino debe pagar 2 millones 17 mil dólares a la empresa A. P. American Protective, S.A. de C.V., tras perder un amparo interpuesto para evitar esta obligación.
¿Cómo se originó esta deuda?
En 1999, el gobierno del entonces Distrito Federal firmó un contrato para adquirir 8,995 chalecos antibalas. Sin embargo, la falta de cumplimiento en los términos del acuerdo desató una batalla judicial que ha atravesado varias administraciones, desde Miguel Ángel Mancera hasta Claudia Sheinbaum y ahora Martí Batres.
El costo inicial del contrato se ha incrementado debido a ajustes inflacionarios y al tipo de cambio actual, complicando aún más su liquidación. A pesar de los argumentos presentados por las administraciones capitalinas sobre la falta de recursos para cumplir con esta obligación, los tribunales han sido contundentes en sus resoluciones.
La estrategia legal de Martí Batres
El gobierno de Martí Batres interpuso un recurso de revisión para intentar revertir la decisión del juez Décimo Primero de Distrito en materia Civil. Este recurso será analizado por un tribunal colegiado, que determinará si la administración debe cumplir con el pago o si existe margen para negociar un acuerdo más favorable.
Implicaciones políticas y económicas
Este caso no solo representa un golpe financiero para la Ciudad de México, sino que también tiene repercusiones políticas. La deuda heredada pone en el centro de atención la gestión de recursos públicos y los contratos adquiridos por gobiernos anteriores. Además, complica la narrativa de los gobiernos de izquierda, incluyendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ahora aspirante presidencial.
Un dilema presupuestal
El cumplimiento de esta sentencia no solo significa un desembolso millonario, sino también un ajuste en los recursos destinados a programas prioritarios. Esto ha generado tensiones entre el gobierno local y dependencias como el Congreso de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda, que han señalado que los recursos para este pago deben salir del presupuesto actual.
¿Qué sigue para la CDMX?
Si el tribunal colegiado confirma la sentencia, el gobierno capitalino no tendrá más opción que pagar. Sin embargo, Batres y su equipo buscarán agotar todas las vías legales para evitar este desenlace, mientras que la empresa acreedora mantiene presión para recibir su pago tras más de dos décadas de litigios.
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