En respuesta a los actos de violencia y vandalismo ocurridos durante la protesta contra la gentrificación, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha fijado una postura clara: se opone al fenómeno de la gentrificación, pero no tolerará la violencia ni los discursos de odio como método de protesta.
La administración capitalina se enfrenta a un complejo desafío político y social tras la violenta manifestación del pasado viernes. El gobierno de Clara Brugada se ha visto en la necesidad de caminar sobre una delgada línea: por un lado, validar el descontento legítimo de una parte de la ciudadanía afectada por el alza de precios y el desplazamiento; por otro, condenar inequívocamente la violencia que amenaza la seguridad y la convivencia en la capital.
Un Mensaje de Equilibrio y Firmeza
A través de un comunicado oficial, el gobierno capitalino estableció su posición en dos frentes. Primero, reconoció la validez del problema de fondo, afirmando que se opone a la gentrificación y se compromete a establecer y reforzar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda sin desplazar a las comunidades originarias.
Segundo, y de manera contundente, condenó los métodos violentos empleados por un sector de los manifestantes. El comunicado fue enfático al señalar que la lucha social tiene límites.
«El gobierno de Clara Brugada advirtió que la lucha contra la gentrificación ‘no puede convertirse en una excusa para promover discursos de odio o prácticas discriminatorias'», se lee en el posicionamiento oficial.
Cero Tolerancia a la Xenofobia
El uso específico de la frase «discursos de odio» por parte de las autoridades no es casual. Es una respuesta directa a las consignas de «¡Fuera gringos!» y a las agresiones físicas y verbales dirigidas a personas por su apariencia extranjera. Con esto, el gobierno traza una línea roja, indicando que considera que estas acciones han cruzado el umbral de la protesta legítima para entrar en el terreno de la intolerancia y la xenofobia.
La postura oficial concluye con un llamado al diálogo y a la acción pacífica como las únicas vías válidas para canalizar las demandas ciudadanas. Se reitera que la Ciudad de México es un espacio de refugio y acogida, y que la defensa del derecho a la ciudad debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad incluyente.
El gobierno de Brugada enfrenta ahora el reto de traducir esta postura en acciones concretas. Deberá, por un lado, presentar propuestas tangibles para regular el mercado inmobiliario y proteger a los inquilinos, y por otro, garantizar la seguridad de todos los habitantes y visitantes de la ciudad, demostrando que en la capital no hay espacio para la violencia.
