La reciente denuncia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial. Según el mandatario, desde el estado de Zacatecas se habría orquestado el traslado ilegal de seis cadáveres, ejecutados en el municipio de Pinos, que después fueron abandonados en Ojuelos, Jalisco. De confirmarse, este hecho implicaría una grave violación a la ley, tipificada en el Código Penal Federal.
El abogado penalista Iván Casas Figueroa, ex subdelegado de la PGR en Zacatecas, advirtió que se trata de un señalamiento de suma gravedad que debería ser investigado directamente por la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusaciones cruzadas y contradicciones
El tema tomó mayor fuerza cuando Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General del Gobierno de Zacatecas, aseguró inicialmente que policías estatales acudieron al lugar de los hechos en Pinos y solo encontraron bolsas de basura. Sin embargo, en redes sociales ya circulaban videos y fotografías que mostraban claramente el multihomicidio.
Para Casas Figueroa, esta contradicción revela inconsistencias graves y alimenta la sospecha de que autoridades locales pudieron haber manipulado información o incluso encubierto el crimen.
El marco legal y las posibles sanciones
El Código Penal Federal establece en su artículo 280 que se impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión, además de multas económicas, a quienes incineren, oculten, desintegren o trasladen cadáveres de manera ilegal. Según el abogado, no puede descartarse la participación de policías estatales en estos hechos.
Este señalamiento se vuelve aún más delicado porque no sería la primera vez que se acusa a Zacatecas de prácticas similares. Tanto San Luis Potosí como Jalisco ya habían denunciado situaciones parecidas en años anteriores.
San Luis Potosí también acusa
El gobernador Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, ha señalado públicamente a Zacatecas por la supuesta práctica de trasladar cuerpos de personas ejecutadas hacia municipios potosinos. Incluso la fiscal María Manuela García Cázares desmintió declaraciones del propio secretario General de Gobierno zacatecano sobre la localización del cuerpo de Aída Karina Juárez Jacobo, una madre buscadora.
Según la fiscalía potosina, la víctima fue encontrada en Villa de Ramos, San Luis Potosí, y no en Zacatecas como habían informado inicialmente autoridades de ese estado.
Tensiones entre gobiernos estatales
El abogado Iván Casas Figueroa señaló que más allá de las acusaciones, lo que se observa es una falta de confianza entre gobiernos estatales. “Pareciera que los gobiernos de Lemus y Monreal se hacen las víctimas, cuando lo cierto es que hay un evidente distanciamiento político”, comentó.
La crisis de seguridad que atraviesa la región del Bajío y el noreste de México ha puesto en evidencia las fracturas en la cooperación interestatal, un factor que complica aún más la lucha contra los grupos delictivos.
Implicaciones políticas y sociales
Las denuncias de Jalisco y San Luis Potosí contra Zacatecas no solo abren un debate jurídico, también generan un fuerte impacto en la opinión pública. Para los especialistas, este tipo de prácticas —si llegan a confirmarse— profundizan la desconfianza ciudadana en las autoridades y refuerzan la percepción de que el crimen organizado mantiene influencia sobre estructuras locales.
Además, la exhibición mediática de estas tensiones entre estados deja claro que no existe una estrategia conjunta contra la violencia, lo cual termina favoreciendo a los grupos delictivos que operan en la región.
La acusación sobre el traslado ilegal de cadáveres desde Zacatecas a Jalisco representa un escándalo político y judicial que amenaza con tensar aún más las relaciones entre gobiernos estatales. Mientras Jalisco y San Luis Potosí insisten en que Zacatecas ha encubierto crímenes, las declaraciones contradictorias de funcionarios zacatecanos alimentan las sospechas.
El caso pone sobre la mesa la urgencia de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación y esclarezca los hechos, para evitar que la impunidad siga marcando la pauta en una región golpeada por la violencia.
La gravedad del señalamiento trasciende lo mediático: de comprobarse, no solo se configuraría un delito federal, sino que se evidenciaría un quebrantamiento institucional que pone en riesgo la cooperación entre estados y, en última instancia, la seguridad de millones de ciudadanos.
