La muerte de Bárbara Astrid y su hijo Dante, ocurrida el 29 de diciembre en Culiacán, ha dejado una profunda marca en la comunidad de Sinaloa. El caso, que inicialmente se pensó que estaba relacionado con un incendio, ha revelado una terrible verdad: se trató de un feminicidio y un homicidio, ambos cometidos con armas blancas.
Ahora, Jesús Fernando, el principal sospechoso, ahora se encuentra bajo custodia tras haber recibido una orden de aprehensión, la cual fue emitida por las autoridades.
El fatídico día: La llamada al 911
A las pocas horas de que los servicios de emergencia recibieran el aviso de un incendio en un hogar ubicado en el fraccionamiento Bosques del Álamo, los cuerpos de Astrid y su pequeño hijo fueron encontrados sin vida. En un primer momento, se creía que el incendio había sido la causa de la tragedia, pero las investigaciones posteriores revelaron que ambas víctimas presentaban múltiples heridas causadas por un arma blanca.
Jesús Fernando: El principal sospechoso bajo custodia
Jesús Fernando, quien era pareja de Astrid, y padre de Dante, ingresó esa misma noche a un hospital de Culiacán, aparentemente herido. Se rumoreaba que él había sufrido lesiones en un altercado en el bulevar Francisco I. Madero. Sin embargo, las sospechas de las autoridades se incrementaron a medida que las pruebas fueron surgiendo.
El secretario general del Gobierno de Sinaloa, Fernando Castro Meléndrez, confirmó que Jesús Fernando ya está bajo custodia, aunque sigue siendo tratado en un hospital. Además, señaló que la orden de aprehensión contra él ya ha sido liberada, y se encuentra a la espera de ser cumplimentada una vez que su salud esté estable.
Descartan el incendio como causa de la muerte
Una de las primeras versiones sobre la muerte de Astrid y Dante sugería que habían fallecido debido a un incendio en su hogar. No obstante, después de una investigación más detallada, las autoridades confirmaron que la causa real de la muerte fue una agresión con armas punzocortantes, y no por disparos de arma de fuego como inicialmente se había especulado. Las heridas fueron lo suficientemente graves como para terminar con la vida de ambos en el acto.
Reacciones de colectivos de mujeres y familiares
El asesinato de Astrid y su hijo ha movilizado a varios colectivos de mujeres que han exigido justicia por el feminicidio y homicidio. La colectiva “Ley Sabina vs deudores alimentarios Sinaloa” señaló a Jesús Fernando como un «deudor alimentario» que no veía a su hija desde hacía años, lo que sumó aún más indignación al caso. Las mujeres de diferentes organizaciones han protestado para que se haga justicia y para que el caso sea investigado de manera exhaustiva.
Por su parte, la colectiva Madres Libertarias también exigió que las autoridades esclarecieran el caso, compartiendo imágenes de las víctimas con la finalidad de visibilizar la tragedia y presionar por una resolución.
El papel de las autoridades en la investigación
A pesar de que la detención de Jesús Fernando se ha retrasado debido a su estado de salud, las autoridades han reiterado su compromiso con la justicia. El subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Leoncio Pedro García Alatorre, fue quien aclaró la causa de la muerte de las víctimas, explicando que no fue el incendio lo que causó su fallecimiento, sino un ataque directo con armas blancas.
El caso continúa siendo una prioridad para la Fiscalía General del Estado, que trabaja para resolver el crimen y llevar al responsable ante la justicia. Las autoridades también han señalado que el hecho de que Jesús Fernando haya estado internado no es un impedimento para que el proceso legal siga su curso.
Un llamado a la reflexión sobre la violencia de género
Este caso ha vuelto a poner en evidencia la violencia de género en México, un tema que sigue siendo una preocupación constante para las autoridades y la sociedad civil. Las cifras de feminicidios en el país siguen siendo alarmantes, y casos como el de Astrid y Dante subrayan la necesidad de que se tomen medidas más efectivas para prevenir y erradicar la violencia familiar y de género.
Las organizaciones civiles piden que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres y que los responsables de feminicidios reciban castigos ejemplares para evitar que estos crímenes sigan sucediendo.
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