La posibilidad de legalizar la eutanasia en México comenzó a tomar fuerza en el Congreso de la Ciudad de México, donde una iniciativa ciudadana respaldada por 20 mil firmas busca reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan enfermedades graves, incurables o condiciones que provocan un deterioro irreversible.

La propuesta es impulsada por la asociación civil Libertad para Morir, que plantea permitir la asistencia médica para morir bajo condiciones específicas, mediante procedimientos regulados que garanticen que la decisión sea libre, informada y voluntaria.

El debate comenzó formalmente con el primer foro Derecho a Decidir en el Final de Nuestra Vida, realizado el pasado martes 3 de noviembre en el Congreso capitalino, donde participaron especialistas, representantes de organizaciones civiles, pacientes y autoridades de salud.

Durante el encuentro, Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, confirmó que el gobierno encabezado por Clara Brugada participará en la construcción de una legislación que contemple criterios médicos, garantías jurídicas y mecanismos de protección para pacientes y profesionales sanitarios.

Aunque la iniciativa todavía debe superar la validación de las firmas ciudadanas y presentarse formalmente ante el Congreso, sus promotores consideran que podría convertirse en un precedente para abrir una discusión nacional sobre el derecho a una muerte digna.

Actualmente, la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos por la legislación federal mexicana, por lo que cualquier propuesta para permitir estas prácticas tendría que considerar también las disposiciones nacionales vigentes.

¿Qué propone la iniciativa para legalizar la eutanasia en México?

La propuesta de Libertad para Morir busca establecer un marco legal que permita a determinadas personas solicitar asistencia médica para poner fin a su vida cuando enfrenten padecimientos graves o condiciones irreversibles.

El planteamiento contempla que la decisión sea tomada de manera voluntaria, después de recibir información médica suficiente y mediante procedimientos que permitan verificar que no existen presiones externas.

También busca definir las responsabilidades de los profesionales de salud y establecer garantías jurídicas para evitar abusos o intervenciones sin consentimiento.

Uno de los puntos centrales es reconocer la autonomía de los pacientes para decidir sobre su propio cuerpo y los tratamientos que desean recibir cuando enfrentan situaciones médicas que consideran incompatibles con su bienestar y dignidad.

Sin embargo, la propuesta no significa que cualquier persona pueda solicitar automáticamente la eutanasia, ya que sus promotores plantean establecer requisitos y mecanismos de evaluación.

La discusión tampoco se limita a las enfermedades terminales, pues contempla analizar situaciones de deterioro progresivo e irreversible que pueden afectar profundamente la autonomía de una persona, aun cuando su padecimiento no implique una muerte próxima.

En México ya existen antecedentes legislativos sobre el tema. En noviembre de 2025, senadores de diferentes partidos presentaron una iniciativa federal para regular la eutanasia y modificar la Ley General de Salud, con el propósito de establecer condiciones para acceder a esta práctica.

No obstante, esa propuesta federal y la iniciativa ciudadana promovida en la Ciudad de México son procesos distintos.

¿Qué es la eutanasia y en qué se diferencia de una muerte digna?

La eutanasia consiste en una intervención deliberada realizada por un profesional de la salud para poner fin a la vida de una persona que lo solicita expresamente, con el propósito de evitar sufrimientos relacionados con una enfermedad o condición médica grave.

En los países donde está regulada, su aplicación está sujeta a requisitos médicos, procedimientos de autorización y mecanismos para verificar la voluntad del paciente.

Sin embargo, no debe confundirse con los cuidados paliativos, cuyo objetivo es aliviar el dolor y otros síntomas de una enfermedad sin buscar adelantar la muerte.

Tampoco es lo mismo que rechazar un tratamiento médico o decidir que no se apliquen medidas extraordinarias para prolongar artificialmente la vida.

Estas prácticas forman parte de la atención al final de la vida, pero tienen objetivos y consecuencias diferentes.

En México, la Ley General de Salud reconoce derechos de las personas con enfermedades terminales, entre ellos recibir cuidados paliativos y participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento.

Sin embargo, el artículo 166 Bis 21 de la legislación establece expresamente la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.

Esta disposición puede consultarse en el texto oficial de la Ley General de Salud publicado por la Cámara de Diputados.

Por ello, la discusión sobre una eventual legalización no solamente implica reconocer la autonomía de los pacientes, sino también analizar los cambios necesarios en el marco jurídico federal.

Eduardo Sacristán: vivir con una enfermedad que avanza sin ser terminal

Para Eduardo Sacristán, de 69 años, la discusión sobre la eutanasia no es únicamente jurídica, sino una situación relacionada con su propia experiencia de vida.

Hace aproximadamente tres décadas comenzó a sufrir caídas repentinas sin una explicación aparente. Después de acudir con un neurólogo y someterse a diferentes estudios médicos, recibió el diagnóstico de esclerosis lateral primaria.

Se trata de una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta progresivamente las funciones motoras y puede provocar dificultades para caminar y realizar actividades cotidianas.

Con el paso de los años, Sacristán comenzó a perder movilidad. Primero necesitó un bastón, posteriormente utilizó muletas y una andadera, hasta llegar a depender de una silla de ruedas manual.

Aunque todavía conserva movimiento en los brazos, sabe que su condición puede continuar avanzando y que eventualmente podría necesitar una silla eléctrica para desplazarse.

Su enfermedad no se considera terminal, pero el deterioro progresivo puede afectar su autonomía y aumentar su dependencia de otras personas.

Para él, la posibilidad de contar con una alternativa legal para decidir sobre el final de su vida representa una forma de tranquilidad frente a un futuro incierto.

“Sé que esto va a ir empeorando y prefiero la tranquilidad de tener una salida legal, porque tener una vida digna es un derecho humano y ese derecho humano debe incluir también el derecho a una muerte digna”, expresó.

Sacristán considera que cada persona debería tener la posibilidad de decidir cómo enfrentar una condición médica que limite de manera irreversible su independencia.

“Podría pasar años inmóvil, algo que para mí ya no es una vida digna. Vivir como un bulto para mí no tiene ningún sentido, por eso creo que hay que legalizar la ayuda médica para morir”, sostuvo.

Su postura refleja una experiencia personal sobre la enfermedad y la autonomía, sin que ello represente necesariamente la perspectiva de todas las personas que viven con discapacidades o padecimientos neurológicos.

Reúnen 20 mil firmas para llevar la eutanasia al Congreso

La asociación civil Libertad para Morir alcanzó el miércoles 4 de noviembre la meta de 20 mil firmas ciudadanas, casi un mes antes del plazo previsto para concluir la recolección.

La cantidad equivale aproximadamente al 0.25% del padrón electoral de la Ciudad de México y supera el requisito del 0.13% establecido en la legislación local para presentar una iniciativa ciudadana.

Sin embargo, reunir las firmas no significa que la propuesta haya sido aprobada o que ya se encuentre formalmente en discusión legislativa.

Antes de llegar al Congreso capitalino, los apoyos deberán ser revisados para comprobar su autenticidad y verificar que cumplen con los requisitos legales.

Por esta razón, la organización continuará reuniendo firmas, con el objetivo de contar con un margen adicional ante posibles registros que sean descartados durante el proceso de validación.

La asociación, encabezada por Asunción Álvarez, doctora en Ciencias en el campo de la Bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha promovido la propuesta mediante conferencias, actividades informativas y jornadas de recolección en espacios públicos.

Álvarez también ha participado en investigaciones y debates relacionados con la autonomía de los pacientes, la muerte digna y las decisiones médicas al final de la vida.

Durante la recolección de firmas, los promotores identificaron una participación importante de personas jóvenes, incluso entre quienes no han enfrentado directamente una enfermedad como la de Sacristán.

“Da gusto que haya jóvenes que sin vivir una situación como esta, tomen conciencia y ayuden a promover esta legislación”, comentó el integrante de la asociación.

Para los impulsores de la iniciativa, este respaldo demuestra que la discusión no solamente interesa a pacientes con enfermedades graves, sino también a personas que han acompañado a familiares o amistades durante procesos médicos complejos.

¿Cuándo podría discutirse la eutanasia en el Congreso?

Después de alcanzar la meta de firmas, la asociación Libertad para Morir contempla continuar con el procedimiento necesario para presentar formalmente su propuesta legislativa.

El calendario planteado por la organización prevé entregar los apoyos ciudadanos al Instituto Nacional Electoral durante diciembre de 2026, con el objetivo de que sean revisados y validados.

Una vez concluido ese procedimiento, los promotores buscarán presentar la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México.

La fecha tentativa es el 1 de febrero de 2027, cuando comenzará el siguiente periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo capitalino.

De acuerdo con el procedimiento previsto para las iniciativas ciudadanas que cumplen con los requisitos correspondientes, la propuesta podría recibir un tratamiento preferente para su discusión.

Sin embargo, esto no garantiza que la eutanasia sea legalizada, ya que los legisladores deberán analizar su contenido, discutir sus alcances y determinar si existen condiciones jurídicas para aprobarla.

Entre los temas que deberán abordarse se encuentran los criterios médicos para solicitar la eutanasia, la manera de comprobar que una decisión es libre e informada, los procedimientos de autorización y las responsabilidades del personal sanitario.

También será necesario establecer mecanismos que protejan a los pacientes frente a posibles presiones familiares, económicas o institucionales.

Sacristán pidió que la propuesta sea analizada sin reducirla a una confrontación política o ideológica, pues considera que cualquier persona podría enfrentar una situación médica que afecte profundamente su autonomía o la de un familiar.

¿La eutanasia podría legalizarse también en Quintana Roo y otros estados?

Aunque la iniciativa ciudadana se concentra en la Ciudad de México, sus promotores consideran que la discusión podría tener repercusiones en otras entidades del país, incluido Quintana Roo.

Una eventual aprobación podría convertirse en un antecedente para que organizaciones civiles, especialistas y legisladores de otros estados impulsen propuestas relacionadas con la asistencia médica para morir.

Sin embargo, esto no significa que la eutanasia quedaría automáticamente permitida en todo México.

Cada entidad tendría que analizar sus propias disposiciones legales, además de considerar que actualmente existe una prohibición expresa en la Ley General de Salud, de carácter federal.

Por ello, cualquier intento de regular la eutanasia tendría que resolver la relación entre las competencias locales y la legislación nacional.

El debate también podría incluir temas relacionados con los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, la atención a pacientes con enfermedades incurables y el derecho a rechazar determinados tratamientos médicos.

En Quintana Roo, como en otras entidades, una eventual discusión tendría que considerar la participación de instituciones sanitarias, profesionales de la salud, especialistas en bioética, organizaciones de pacientes y representantes de la sociedad civil.

Por ahora, no se ha informado que la iniciativa de Libertad para Morir haya sido presentada ante el Congreso de Quintana Roo, por lo que su posible discusión en la entidad permanece como un escenario futuro.

El debate sobre la muerte digna apenas comienza

La iniciativa respaldada por 20 mil firmas abre una discusión sobre los límites de la autonomía personal, la protección de la vida y las responsabilidades del Estado frente a pacientes que enfrentan enfermedades graves o condiciones irreversibles.

Quienes respaldan la legalización consideran que la asistencia médica para morir debe ser una alternativa disponible bajo condiciones estrictamente reguladas, sin que ello implique obligar a ninguna persona a recurrir a este procedimiento.

Por otra parte, el debate legislativo también tendrá que escuchar las preocupaciones relacionadas con la protección de personas vulnerables, los riesgos de presión sobre pacientes y las obligaciones éticas del personal sanitario.

Estas posturas forman parte de una discusión que deberá desarrollarse mediante criterios médicos, jurídicos y de derechos humanos.

Aunque la propuesta todavía no ha llegado formalmente al Congreso de la Ciudad de México, la recolección de 20 mil firmas representa un primer paso para que el tema sea sometido al análisis legislativo.

Para Eduardo Sacristán y los integrantes de Libertad para Morir, el objetivo es que las personas que enfrentan enfermedades graves o condiciones irreversibles puedan contar con una alternativa legal y decidir, bajo garantías médicas y jurídicas, cómo afrontar el final de su vida.

La discusión podría comenzar en la Ciudad de México, pero sus resultados podrían influir en el futuro del debate sobre la eutanasia en el resto del país.