La seguridad en Monterrey y Nuevo León enfrenta un momento crítico. Este sábado se informó de 42 detenciones en relación con un ataque a un elemento de Fuerza Civil. Paralelamente, el Gobierno del Estado ha responsabilizado públicamente al Poder Judicial de la Federación (PJF) por un reciente repunte en los homicidios, atribuyéndolo a la liberación de presuntos criminales de alto perfil.
Un complejo panorama de seguridad se vive en Monterrey, Nuevo León. Por un lado, las autoridades estatales han respondido con contundencia a agresiones contra sus cuerpos policiales, y por otro, han escalado las tensiones con el Poder Judicial de la Federación (PJF) debido a la liberación de individuos considerados generadores de violencia.
Este sábado 31 de mayo, se dio a conocer que suman 42 las personas detenidas en operativos realizados en la colonia Independencia de Monterrey y otros sectores. Estas capturas están vinculadas al ataque a balazos perpetrado contra un elemento de Fuerza Civil el pasado domingo. Entre los detenidos se encuentra uno de los presuntos autores materiales de la agresión. Los operativos por parte del Grupo de Coordinación para la Seguridad continúan activos en la zona.
Gobierno de NL responsabiliza al PJF por repunte de homicidios
En un hecho que evidencia una seria fisura interinstitucional, el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, hizo un llamado urgente al Poder Judicial de la Federación para que revise los criterios utilizados en la reciente liberación de seis individuos identificados como objetivos prioritarios y presuntos instigadores de violencia en el estado.
Escamilla afirmó que estas liberaciones, ordenadas por jueces federales, han impactado negativamente la seguridad de la entidad, coincidiendo con un aumento en los homicidios dolosos durante los últimos días de mayo. «En nuestra opinión, estas liberaciones generaron el incremento en los homicidios que estamos tratando de contener», declaró el funcionario, quien también pidió a los jueces federales sumarse al esfuerzo de coordinación para combatir la criminalidad.
A pesar de este repunte reciente, el secretario informó que se espera que mayo cierre con una reducción del 68 por ciento en homicidios en Nuevo León, en comparación con el periodo de enero a mayo de 2024, destacando una disminución importante en municipios como Guadalupe, García, Juárez y Pesquería.
Fractura en la coordinación y el dilema de la «Puerta Giratoria»
Las acusaciones directas del gobierno neoleonés hacia el PJF revelan una preocupante falta de sintonía entre instituciones que deberían operar de manera coordinada en la lucha contra el crimen. Esta dinámica de «culpa cruzada» puede obstaculizar la efectividad de las estrategias de seguridad y minar la confianza ciudadana en el sistema de justicia en su conjunto.
Este conflicto pone de relieve el persistente problema de la llamada «puerta giratoria», donde individuos detenidos por las fuerzas del orden son liberados por el sistema judicial, ya sea por fallas en el debido proceso durante la detención, falta de pruebas contundentes presentadas por las fiscalías, o criterios judiciales que son cuestionados por las autoridades policiales y ejecutivas. Se genera así una tensión entre la exigencia social de justicia rápida y efectiva, y el imperativo de respetar los derechos humanos y las garantías procesales de los imputados.
«Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial Federal para que revise los criterios con los que fueron liberados recientemente seis objetivos prioritarios, generadores de violencia en el estado.» – Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad de Nuevo León.
Impacto en la moral policial y la confianza ciudadana
Cuando los elementos policiales perciben que individuos que consideran peligrosos y cuya detención ha implicado esfuerzo y riesgo son puestos en libertad y presuntamente reinciden, esto puede tener un efecto desmoralizador. Para la ciudadanía, este ciclo de detenciones y liberaciones, seguido de nuevos hechos violentos, puede exacerbar la percepción de impunidad y erosionar la confianza tanto en las corporaciones policiales como en el sistema judicial.
La situación actual en Nuevo León demanda un diálogo constructivo y una revisión profunda de los procesos y criterios en todas las etapas del sistema de justicia penal, desde la prevención y la detención hasta el enjuiciamiento y la sanción, para cerrar brechas que puedan ser aprovechadas por la delincuencia.
