La violencia digital podría recibir un castigo más severo en Quintana Roo. El diputado Jorge Sanén, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para incluir nuevas agravantes que permitirían imponer penas de hasta ocho años de prisión, particularmente cuando el delito sea cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
El legislador explicó que esta actualización responde a una realidad cada vez más frecuente y que está directamente relacionada al uso de plataformas digitales para vulnerar la intimidad, la dignidad y la seguridad de las personas.
“Nuestra iniciativa tiene como objetivo robustecer la configuración jurídica del delito de violencia digital, incorporando nuevas hipótesis agravantes que respondan a los contextos actuales en los que se comete este delito, y que permitan sancionar con mayor severidad a quienes, aprovechando su posición o generando daños mayores, vulneran derechos fundamentales”, explicó.
Mencionó que la propuesta no elimina lo que ya existe en la ley, sino que amplía los escenarios en los que el delito se considera más grave. En estos casos, la pena podría aumentar hasta en una mitad más.
Entre las nuevas agravantes destacan cuando el agresor sea un servidor público en funciones, cuando la víctima atente contra su integridad o su vida como consecuencia del delito, cuando exista una relación de confianza o cercanía con la víctima y cuando el delito se cometa con fines de lucro
“Esto significa que, por ejemplo, si una persona difunde contenido íntimo sin consentimiento, uno de los casos más comunes de violencia digital, y además ocupa un cargo público, la sanción sería considerablemente mayor”, comentó el diputado.
El peso del poder: una agravante clave
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el papel de los servidores públicos. Para el diputado, existe una desigualdad clara cuando quien comete el delito tiene una posición de autoridad.
“Cuando la conducta es realizada por una persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones, existe una condición de desproporcionalidad real frente a la víctima. Su investidura puede otorgarle ventajas para ejecutar y materializar el delito, por lo que resulta jurídicamente razonable aumentar la punibilidad”, detalló.
En otras palabras, esto podría aplicarse en casos donde funcionarios utilicen información privilegiada, acceso a datos personales o su influencia institucional para vulnerar a una persona.
La iniciativa también contempla el escenario cuando las consecuencias de la violencia digital impactan directamente en la salud física o emocional de la víctima.
“Si como consecuencia de los efectos del delito la víctima atenta contra su integridad o su propia vida, estamos ante una afectación mucho más profunda. No solo se vulneran derechos como la intimidad o la imagen, sino que se produce un daño adicional en la salud de la persona, lo que justifica el aumento de la pena”, explicó Sanén.
