Un hecho que sacude la confianza ciudadana
En Celaya, Guanajuato, un episodio de abuso de poder ha generado indignación social y un profundo cuestionamiento sobre el trato al ciudadano dentro de las instituciones públicas. Una cajera de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) fue cesada de su cargo tras ser grabada amenazando a un usuario con «desaparecerlo» por 2 mil pesos, una declaración que no solo es alarmante, sino que resuena con un eco escalofriante en un país golpeado por la violencia.
La amenaza captada en video
El hecho se volvió viral luego de que el ciudadano afectado difundiera el video de la discusión. En él, la funcionaria, visiblemente alterada, pronuncia la frase “por 2 mil pesos te desaparezco”, en el marco de una supuesta disputa por un adeudo.
Las imágenes provocaron una ola de indignación en redes sociales y en los medios locales. La gravedad del comentario no pasó desapercibida, especialmente en un contexto social donde las desapariciones forzadas y la inseguridad son una realidad constante.
Una respuesta inmediata del alcalde
El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó el despido inmediato de la cajera. «Terminó por darle las gracias», declaró el edil morenista. Agregó que “la gente me decía: ¿Cómo vas a desaparecer a alguien por 2 mil pesos? Es una superamenaza”.
En su mensaje, el presidente municipal reiteró que la administración pública debe estar al servicio del pueblo, no en su contra. “Yo les pido a todos los directores y a todo el personal de la presidencia que seamos sencillos, que seamos realmente servidores, que tengamos el ejemplo de Morelos”, enfatizó, en clara referencia al espíritu de justicia social que debe regir al servidor público.
Jumapa se deslinda: «No representa nuestros valores»
Por su parte, el titular de Jumapa, Saúl Trejo Fuentes, calificó la conducta de la extrabajadora como inadmisible y señaló que no representa “el espíritu del organismo operador de agua”. Destacó que el servicio debe prestarse con calidad y calidez, y que actos como el denunciado son una falta grave a la vocación de servicio.
Trejo Fuentes fue enfático: “No podemos permitir este tipo de actos de ningún funcionario. La funcionaria que amenazó al ciudadano no tiene cabida en la Jumapa”.
La sombra del abuso de poder en oficinas públicas
Este caso en Celaya revela un problema más profundo: la desconexión entre algunos funcionarios públicos y los principios básicos del servicio. En lugar de buscar soluciones, la amenaza se convierte en respuesta. No es un hecho aislado, sino un reflejo de la necesidad urgente de formación ética y humana en los trabajadores de gobierno.
La viralización de este caso genera también una reflexión sobre el poder del video y las redes sociales como mecanismos de denuncia ciudadana y exigencia de rendición de cuentas.
Tolerancia cero a la violencia institucional
La rápida decisión del alcalde de Celaya y la condena del director de Jumapa envían un mensaje claro: no hay lugar para el abuso ni la intimidación en la función pública. Los ciudadanos merecen respeto, empatía y soluciones, no amenazas.
Este incidente también pone sobre la mesa la importancia de capacitar al personal público en atención, resolución de conflictos y derechos humanos. La legitimidad de las instituciones no se construye con discursos, sino con actos coherentes y humanos.
En tiempos donde la violencia verbal puede escalar peligrosamente, la firmeza institucional para erradicar estas conductas debe ser inquebrantable.
