La entrega de despensas, apoyos económicos, materiales de construcción o beneficios gubernamentales acompañados de fotografías, videos y publicaciones en redes sociales podría convertirse en una infracción electoral en Quintana Roo.
Desde el Congreso del Estado, un grupo de legisladores impulsa una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para impedir que personas servidoras públicas utilicen programas sociales como mecanismo de promoción personal o posicionamiento político ante la ciudadanía.
La iniciativa es encabezada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVIII Legislatura.
Buscan cerrar la puerta a la promoción personalizada
La propuesta plantea adicionar el Artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo para establecer como infracción la difusión personalizada de apoyos sociales, bienes, programas o servicios gubernamentales por parte de servidores públicos.
De acuerdo con la legisladora, la práctica se ha vuelto recurrente en la entidad y ha permitido que diversos actores políticos construyan presencia pública a través de la entrega de beneficios financiados con recursos públicos.
“En el Estado de Quintana Roo, al igual que en diversas entidades federativas del país, se ha identificado de manera reiterada una práctica consistente en la difusión pública de la entrega de apoyos sociales, bienes, programas o servicios gubernamentales por parte de personas servidoras públicas, particularmente mediante el uso de redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos y otros mecanismos de comunicación no institucionales”, expuso.
Mencionó que aunque estas acciones suelen justificarse como ejercicios de transparencia o cercanía con la población, en la práctica terminan generando una asociación indebida entre los programas públicos y la imagen de quienes ocupan cargos públicos.
“Dicha práctica, aunque en apariencia puede justificarse como parte de las acciones de transparencia, cercanía ciudadana o rendición de cuentas, en los hechos ha derivado en un mecanismo de promoción personalizada”, señaló.
Una práctica cada vez más visible
La iniciativa surge en un contexto en el que distintos actores políticos han utilizado la difusión de apoyos sociales para fortalecer su presencia pública y proyectar una imagen de cercanía con la ciudadanía.
Según la diputada, actualmente es frecuente encontrar publicaciones donde se documenta la entrega de beneficios sociales acompañadas de elementos que resaltan la identidad personal del funcionario.
“Es común observar publicaciones en redes sociales en las que se documenta la entrega de despensas, apoyos económicos, materiales de construcción, artículos médicos o cualquier otro beneficio social, acompañadas de fotografías, videos, mensajes personalizados, nombres, voces, colores, logotipos o símbolos vinculados a determinada persona servidora pública”, indicó.
La legisladora sostuvo que este tipo de contenidos generan una narrativa en la que el apoyo parece provenir directamente del funcionario y no de las instituciones públicas responsables de ejecutar las políticas sociales.
