La tarde se tornó tensa en el Congreso capitalino cuando Morena anunció que instalará esta misma semana la Comisión Z, un órgano legislativo destinado a investigar los actos violentos ocurridos durante la marcha de la generación Z. Para los morenistas, se trata de una respuesta institucional necesaria; para la oposición, un movimiento que huele a control político. En medio de esta confrontación, los testimonios, fotografías y denuncias comienzan a revelar una madeja mucho más compleja de la que se vio en las calles.
Desde el anuncio oficial, Morena defendió con firmeza la creación del organismo. Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada, explicó que cuentan con el respaldo legal para instaurarlo, gracias al voto ponderado que la mayoría les otorga en el Legislativo. Sin embargo, el choque con Andrés Atayde —presidente de la Jucopo y líder del PAN capitalino— parece inevitable. Atayde podría frenar la publicación del acuerdo, pero Morena insiste: la investigación debe avanzar cueste lo que cueste.
El ambiente alrededor de la Comisión Z comenzó a crecer desde que aparecieron las primeras denuncias de comerciantes presionados para acudir a la marcha. Las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, de gobierno opositor, fueron señaladas directamente. Y aunque la oposición lo niega, Morena asegura que las pruebas comenzaron a llegar incluso desde otras demarcaciones.
Morena defiende la investigación y señala presión desde alcaldías opositoras
Xóchitl Bravo fue enfática: “no buscamos venganzas políticas”. La frase, sin embargo, resuena en un contexto donde todos se señalan. La coordinadora indicó que la comisión podrá solicitar información a cualquier dependencia, órgano o entidad, e incluso citar a servidores públicos y particulares cuando sea necesario.
Morena sostiene que no hay persecución, pero sí responsabilidad. Y es aquí donde la Comisión Z toma fuerza narrativa dentro del conflicto político. Según Bravo, lo que buscan es esclarecer quién movilizó a grupos violentos que, durante la marcha, utilizaban radios portátiles, distribuían cohetones y atacaron a policías con marros y coladeras arrancadas del suelo.
Paulo García, vocero de Morena, mostró fotografías que —de acuerdo con su versión— involucran a personas cercanas a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Entre ellos, Pablo Ortiz Padilla, identificado como uno de los organizadores visibles de la segunda marcha de la generación Z.
La acusación es directa: la derecha estaría recurriendo a la violencia ante la falta de un proyecto político claro. Los líderes, afirman los morenistas, observan desde redes sociales mientras otros “hacen el trabajo sucio”.
La Comisión Z y el choque frontal con Acción Nacional
A mitad de la discusión pública, la Comisión Z se convirtió en el nuevo campo de batalla entre Morena y el PAN. No es un secreto que Atayde y su bancada ven la investigación con suspicacia. Morena, por su parte, advirtió que hará responsable al PAN si ocurre “cualquier acto de violencia” en próximas marchas convocadas por sus dirigentes.
Ese señalamiento tensó aún más el ambiente. García cuestionó abiertamente: “¿Qué manifestante se comunica por radio de manera orgánica? ¿Por qué hay servidores públicos ligados a la alcaldesa en movilizaciones así?”. Al mismo tiempo, recordó que ya existen evidencias de estos comportamientos y que las exhibirán en el proceso legislativo.
La confrontación escaló con otro nombre: Alberto González Mancilla, afiliado al PAN y colaborador de Atayde, quien apareció en videos brincando la valla de Palacio Nacional durante la marcha. Aunque él mismo aseguró después que el joven “ya está con su familia”, el episodio acentuó la narrativa morenista sobre la participación de figuras panistas en actos de tensión o riesgo.
Entre denuncias, narrativa y poder: un Congreso bajo presión
La comisión será transitoria y deberá entregar un informe ante el pleno. No obstante, su impacto político será profundo. Para algunos, representa un intento por aclarar la actuación de grupos violentos; para otros, un instrumento para golpear a la oposición.
Mientras tanto, en las calles, la generación Z continúa organizándose entre movilizaciones, hashtags y reclamos de representación. Y en el Congreso, la lucha por controlar el relato no ha hecho más que comenzar.
Pero, como dijo Bravo, “el que nada debe, nada teme”. La frase, lejos de cerrar una discusión, parece predecir que la batalla apenas inicia.
La creación de la Comisión Z revela un momento clave para la política capitalina: Morena busca investigar a fondo la violencia en la marcha juvenil, mientras el PAN se defiende de lo que considera una maniobra de presión institucional. Las acusaciones cruzadas, las fotografías presentadas y las tensiones entre bancadas auguran semanas intensas dentro y fuera del Congreso.
Lo cierto es que, en la disputa por la narrativa, esta Comisión Z se ha convertido en el símbolo de un choque más profundo: el de dos proyectos políticos enfrentados que ven en la movilización juvenil un nuevo campo de batalla, tanto legislativo como social.
