El 8 de julio de 2025, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México presentaron una denuncia penal contra el personal del Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX (INCIFO), tras la filtración de videos que muestran un trato indigno y vejatorio hacia restos humanos resguardados por dicha institución.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y también se presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por funcionarios del INCIFO. El caso ha provocado indignación nacional y ha reactivado el debate sobre la profunda crisis forense e institucional que enfrenta el país.
Videos revelan manipulación lúdica e irrespetuosa de cuerpos
El caso estalló públicamente luego de que se filtraran videos y fotografías en los que se observa a personal del INCIFO manipulando restos humanos de forma lúdica, con gestos de burla y sin respeto alguno por su condición, incluso mientras se encontraban cubiertos con lonas.
Según los colectivos denunciantes, el contenido fue difundido en grupos institucionales, donde aparentemente fue celebrado por altos funcionarios, quienes no solo toleraron los actos, sino que participaron activamente en su normalización. Esta actitud, según afirman, refleja una deshumanización institucionalizada que vulnera los derechos de las personas fallecidas y de sus familias.
Denuncian encubrimiento y violencia institucional
Las organizaciones Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Dulce Monse A.C., Caminando por las Calles A.C., así como familias buscadoras independientes, han denunciado no solo los actos vejatorios, sino un encubrimiento sistemático por parte de las autoridades encargadas de supervisar y regular el actuar del INCIFO.
De acuerdo con sus testimonios, funcionarios de alto nivel ignoraron las alertas internas y permitieron que este tipo de comportamientos persistieran. Además, en días previos a la denuncia, los colectivos reportaron amenazas y hostigamientos para intentar disuadir su activismo y silenciar los hechos.
Exigen justicia y garantías de no repetición
En su pronunciamiento público, los colectivos reiteraron que su exigencia no es nueva, sino parte de una lucha prolongada contra la violencia institucional y la impunidad. Señalan que la crisis forense en México es una realidad ampliamente documentada, pero sistemáticamente silenciada.
Las exigencias concretas presentadas por los colectivos incluyen:
- La suspensión inmediata del personal involucrado en los actos vejatorios captados en video.
- Una investigación autónoma, estructural e imparcial por parte de la CDHCM, que no dependa del aparato institucional actual.
- La emisión de medidas cautelares y recomendaciones públicas, enfocadas en garantizar la no repetición de estos hechos.
- Que la denuncia penal presentada sea atendida con debida diligencia y que se sancione conforme a la ley a todos los funcionarios y empleados responsables.
Los familiares de personas desaparecidas enfatizaron que su lucha no solo es por justicia individual, sino también por el respeto a la dignidad humana, incluso después de la muerte.
El INCIFO en el centro de una crisis forense nacional
Este nuevo escándalo se suma a una crisis forense de carácter estructural en México, marcada por la saturación de morgues, la falta de identificación de miles de cuerpos y la revictimización de familiares.
El INCIFO, como institución clave en el manejo de cadáveres no identificados, ha sido señalado en varias ocasiones por su falta de protocolos éticos, escasa supervisión externa y negligencia operativa. A pesar de los informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pocos avances concretos se han logrado para garantizar estándares dignos de trato y transparencia.
Este caso vuelve a poner en la agenda pública la urgencia de una reforma profunda en el sistema forense mexicano, con especial énfasis en la centralidad de las víctimas y sus familias en la formulación de políticas públicas.
La denuncia presentada por los colectivos de búsqueda contra el INCIFO no es solo un reclamo por sanciones, sino una exigencia colectiva de verdad, justicia y respeto hacia los miles de cuerpos sin identificar que permanecen bajo resguardo institucional.
El trato indigno captado en video no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que ha fallado en humanizar su labor forense. Las familias, organizadas en resistencia, han dejado claro que no se detendrán hasta que el Estado garantice que ningún cuerpo sea objeto de burla, indiferencia o negligencia.
