Un cártel con presencia en todo el país
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado su poder en gran parte de México. Según informes de distintas fuentes, su presencia varía entre 21 y 29 estados, desde Quintana Roo hasta Baja California. Sin embargo, su huella no solo está marcada por la violencia, sino también por la infiltración en cuerpos de seguridad.
Autoridades bajo la sombra del CJNG
En Tabasco, el gabinete de seguridad fue señalado por presuntos vínculos con el CJNG. Narcomantas acusaron al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, al general Víctor Hugo Chávez Martínez (exsecretario de Seguridad Pública) y al fiscal José Barajas Mejía. Tras estos señalamientos, Morán González fue trasladado, Chávez Martínez renunció y Barajas Mejía enfrenta rumores de su inminente salida.
La corrupción dentro de los cuerpos de seguridad no es un fenómeno nuevo. Según el académico Jorge Ramírez, «las policías locales se convirtieron en activos pagados por el Estado, pero que terminan al servicio del crimen organizado».
Narcomensajes y amenazas: El miedo como arma
El pasado 7 de febrero, la policía de Tijuana encontró restos humanos junto a una narcomanta firmada por el CJNG, dirigida a Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, fiscal de homicidios de Baja California. No es la primera vez que el cártel emplea este método de intimidación.
Casos similares se han registrado en Jalisco, donde tras la desaparición de ocho policías municipales, se encontraron bolsas con restos humanos y un mensaje que vinculaba a los agentes con el Cártel de Sinaloa. Actualmente, 107 policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo están bajo investigación por posibles nexos con el crimen organizado.
¿Guardia Nacional, la solución?
Ante la falta de confianza en las policías locales y estatales, el gobierno federal apostó por la Guardia Nacional, una corporación de corte militar. Sin embargo, expertos advierten que este modelo no erradica la corrupción, sino que la desplaza.
«Las estructuras policiacas se han convertido en prolongaciones del crimen organizado. ¿Disolverlas es la solución? El gobierno decidió crear una policía militarizada, pero el problema de fondo sigue ahí», afirma Ramírez.
Corrupción en Chiapas y amenazas al gobernador
En enero de 2025, un operativo en Chiapa de Corzo llevó a la detención de 87 policías municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Meses antes, en diciembre de 2024, apareció una narcomanta en la que el CJNG agradecía al gobernador Eduardo Ramírez por «abrir paso» al cártel en la región. El mandatario negó cualquier relación.
Un desafío para la seguridad nacional
El CJNG no solo domina territorios con violencia, sino que también debilita la credibilidad de las fuerzas de seguridad. La infiltración de policías y militares en redes criminales deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. Combatir esta crisis requiere estrategias integrales que vayan más allá de la militarización.
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