César Duarte inició la audiencia que marcaría un nuevo capítulo en su historia política y judicial con un ambiente cargado de tensión. El ex gobernador llegó al penal del Altiplano después de su detención en Chihuahua, en un operativo que revivió uno de los expedientes más vigilados de los últimos años.
Desde los primeros minutos, la narrativa del caso tomó fuerza, especialmente cuando la Fiscalía detalló que el esquema financiero construido por César Duarte habría permitido ocultar más de 76 millones de pesos mediante triangulaciones, empresas familiares y convenios simulados.
Para muchos observadores, este proceso no es solo una imputación: es una radiografía de cómo pudo operar un desvío sistemático durante su administración estatal. Con cada declaración, el peso político y judicial alrededor de César Duarte se hacía más evidente.
La audiencia inicial y el contexto jurídico
La presentación formal de las acusaciones permitió exponer el alcance del esquema. Los fiscales afirmaron que el aparato creado no fue accidental: se trataba de una estructura diseñada para simular apoyos al sector ganadero mientras los recursos se dirigían a cuentas personales. La juez federal escuchó los argumentos del Ministerio Público sobre la necesidad de mantener bajo análisis cada transferencia, cada convenio y cada beneficiario.
La defensa de César Duarte, por su parte, intentó frenar la audiencia señalando que existía un amparo previo. Sin embargo, el Ministerio Público fue categórico: dicho amparo respondía a asuntos del fuero común y no del fuero federal. Esta precisión cambió el rumbo de la sesión, obligando a que la continuación de la imputación siguiera su curso. El equipo legal de César Duarte sostenía que no existía constancia formal de que Estados Unidos hubiera autorizado un nuevo proceso penal, pero la fiscalía presentó documentos en los que se confirmaba que la Cancillería ya había gestionado la ampliación de su extradición.
El señalamiento sobre los recursos desviados
La exposición de pruebas comenzó a dar cuerpo al expediente. Según los fiscales, el gobierno encabezado por el ex mandatario asignó más de 76 millones de pesos a empresas vinculadas directamente con él y con su esposa. Los casos más relevantes señalaban a Unión Ganadera Regional División del Norte y a Financiera División del Norte, ambas con vínculos societarios claros con César Duarte.
Las investigaciones revelaron que estos subsidios no tenían relación con actividades ganaderas efectivas. En lugar de destinarse a compra de ganado, equipamiento o mejoras para productores locales, terminaban en cuentas personales. Los auditores documentaron que los recursos considerados “apoyos productivos” terminaban meses después en movimientos bancarios que beneficiaban al ex gobernador y a su familia.
La red de empresas y los movimientos bancarios
El expediente también incluyó testimonios y estados financieros que mostraban cómo los recursos transitaban por diversas cuentas antes de llegar a su destino final. Este patrón de dispersión bancaria resultó clave para sostener la acusación. La participación de empresas como Pavimentos y Servicios El Parral o Hidroponia El Parral incrementó la complejidad del caso. En ambos casos, la figura de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, aparecía como accionista principal o representante legal.
La descripción de los movimientos incluía incluso pagos a tarjetas bancarias personales, un elemento que reforzaba la línea de investigación de que los recursos nunca tuvieron finalidad pública. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se presentó evidencia que señalaba que los depósitos estaban programados para no coincidir con cierres de auditorías internas, lo que añadiría un componente de deliberación estratégica dentro del desvío.
La figura de los colaboradores dentro del esquema
Las acusaciones también alcanzaron a personas cercanas al entorno del ex gobernador. Destacó el papel de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fungió como funcionario de Hacienda estatal y, simultáneamente, tesorero de las empresas vinculadas al ex mandatario. En la narrativa de la fiscalía, esta dualidad no solo era irregular: era una pieza esencial del mecanismo utilizado para ocultar el origen del dinero público.
Para la audiencia, la conexión de Hermosillo reforzó la idea de que el esquema no podía operar sin una estructura coordinada. La juez identificó este punto como uno de los elementos más sensibles del expediente, pues apuntaba a un conflicto de intereses evidente y a un uso sistemático del aparato público para beneficio personal de César Duarte.
Las pruebas documentales y el papel de las auditorías
Las auditorías del gobierno estatal fueron determinantes. En los dictámenes se estableció que existían inconsistencias contables que no podían ser justificadas mediante documentos oficiales. Los fiscales detallaron que había diferencias entre reportes de ejecución presupuestal y los movimientos bancarios realizados. El contraste entre lo reportado y lo descubierto sirvió para sostener la narrativa de desvío.
En ese momento, la sala ya tenía una lectura más clara. Por un lado, un sistema estatal que asignaba millones a empresas con vínculos familiares. Por otro, una cadena de movimientos financieros que terminaban en cuentas personales. Y en el centro, un funcionario cuya figura dividía a la opinión pública: César Duarte.
Los próximos pasos del proceso
La defensa solicitó la ampliación del plazo para que se resolviera su situación jurídica, una estrategia previsible considerando la cantidad de pruebas presentadas. La duplicidad de término abriría una ventana de análisis que podría redefinir el rumbo inmediato del proceso.
El debate sobre la medida cautelar también será crucial. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva justificada, argumentando riesgo procesal. La defensa, por el contrario, apelará a que César Duarte cuenta con un brazalete electrónico por otro proceso y no representa peligro de fuga.
El desenlace de esta discusión podría marcar un precedente relevante para figuras políticas sometidas a procesos similares.
